El gobierno de la ciudad de Puebla informó del saldo blanco con el que concluyeron los diversos operativos de seguridad y vigilancia que se realizaron en el municipio, del 31 de octubre al 2 de noviembre, en la celebración de Día de Muertos.

La alcaldesa, Claudia Rivera Vivanco, sostuvo que las medidas emprendidas buscaron reducir la concentración de personas y apelaron a la disciplina colectiva para evitar el escenario epidemiológico de un rebrote de COVID-19.

“Los acontecimientos y el saldo de este fin de semana nos enseñan que sin voluntad individual y sin un verdadero compromiso de la ciudadanía, no hay acción de gobierno que sea efectiva ante la crisis que está provocando esta pandemia”, refirió.

En conferencia de prensa virtual, René Sánchez Galindo, titular de la secretaría de Gobernación, informó que se presentó una disminución de más del 50 por ciento de afluencia de personas en el primer cuadro del Centro Histórico, en comparación con el número de visitantes y turistas que se dieron lugar el año pasado.

Sánchez Galindo reportó que los panteones Municipales, Auxiliares y particulares de la capital poblana permanecieron en un 95 por ciento sin presencia ciudadana ni comercio en vía pública al exterior. Únicamente, acotó, en Santa María Xonacatepec, San Pedro Zacachimalpa y La Resurrección se rompió por momentos el cierre de los camposantos, sin embargo, en los tres puntos se logró dispersar a la población, evitando aglomeraciones, y se ejecutó nuevamente un dispositivo de cierre.

En materia de inhibición de eventos y convocatorias particulares, Juan Pablo Cerwinka, director de Administración y Atención de Emergencia de Protección Civil, detalló que se realizaron 5 exhortos a domicilios para disipar fiestas y 6 bailes públicos fueron contenidos sin percances.

A su vez, 22 establecimientos fueron clausurados por la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial, en las últimas dos semanas, por incumplimiento de la documentación que acreditara su funcionamiento. Fernando Pastor Herrera, titular a cargo de esta instancia, detalló que estas irregularidades tienen su principal incidencia en cambios de giro comercial sin el debido proceso administrativo que les permitiera operar bajo la denominación de restaurante-bar, y así, poder vender alcohol en botella abierta.