Proceso manifiesta en un reportaje el incumplimiento de una de las promesas de campaña del anterior candidato morenista y actual gobernador poblano, Miguel Barbosa, sobre retirar la concesión a Agua de Puebla, después de que el entonces gobernador, Rafael Moreno Valle entregara la concesión para que operaran durante 30 años el servicio de agua. Que, tras una evaluación a lo largo de 6 años por parte de organizaciones civiles, especialistas y el ayuntamiento de Puebla, se concluyó que la privatización ha sido negativa para la sociedad pues, pagan tarifas hasta 500% más caras, enfrentan violaciones a derechos humanos por los cortes totales de agua o carecen del servicio potable.

En mayo de 2014, el gobernador Rafael Moreno Valle entregó a empresas de la familia Hank y de Juan Diego Gutiérrez Cortina una concesión para que operaran durante 30 años el servicio de agua potable en cuatro municipios de la zona conurbada de la capital de la entidad para sus 2 millones de usuarios cautivos, además de una infraestructura hídrica valuada en 5 mil 890 millones de pesos.

 Aparte, al hacerse cargo de las instalaciones, el consorcio ganador del contrato —Concesiones Integrales (CI), S.A. de C.V.— recibió materiales en almacén por 59 millones de pesos, así como 100 millones que había en caja.

 Monopolio redondo

A cambio de todo eso, la concesionaria —en la cual Grupo Hermes, propiedad de la familia Hank aparece como socio mayoritario— pagó sólo una contraprestación inicial de mil 486 millones de pesos; además, la cubrió con un crédito que contrató con Banco Interacciones, actualmente fusionado con Grupo Financiero Banorte, que preside Carlos Hank González, integrante del consejo asesor del presidente Andrés Manuel López Obrador.

De esta forma, explica la regidora Rosa Márquez, titular de la Comisión del Agua en el cabildo de Puebla, el negocio de operar el servicio de agua de Puebla prácticamente “les salió gratis”, porque ese préstamo —contraído con un banco de ellos mismos— lo pagan con los ingresos que obtienen de los usuarios del servicio.

 Más aún, dice, han encontrado que la beneficiaria de la privatización pidió cinco años de gracia para el pago de capital de ese crédito, lo cual generó que en estos años la concesionaria haya pagado a “su banco” más de 500 millones de pesos de intereses. Esos recursos también salieron de las cuotas que aportan los poblanos.

 En contraparte, con el apoyo de organizaciones sociales y especialistas, el ayuntamiento de Puebla, donde se ubican más de 75% de los clientes de CI, realizó una evaluación de estos seis años y concluyó que la privatización ha resultado negativa para la ciudadanía.

Según esa evaluación, los usuarios pagan ahora tarifas hasta 500% más caras, amén de afrontar violaciones a derechos humanos por los cortes totales de agua y los múltiples desperfectos en los ductos del drenaje. Peor aún, ni la calidad del servicio ni la cobertura han mejorado.

También precisa que los tandeos se intensificaron.

 Hoy, las 454 colonias reciben el líquido sólo tres horas a la semana, en otros lugares el abasto llega sólo cada 40 días y 83 colonias están sin suministro.

Todo ello pese a que, durante su campaña, el morenista Miguel Barbosa Huerta ofreció que el agua volvería a ser operada por un ente público. Hasta ahora no ha cumplido.

(Fragmento del reportaje presentado por Proceso)