Por presuntas anomalías en licitaciones y contratos, desvíos y uso electoral de recursos públicos, el Congreso de Puebla llamará a comparecer a la alcaldesa de la capital Claudia Rivera Vivanco y denunciará a su gobierno ante la Fiscalía General del Estado (FGE). 

La Comisión Inspectora del Poder Legislativo pretende aprobar este miércoles un acuerdo que da por acreditadas una serie de supuestas ilegalidades cometidas en el gobierno de la edil de Morena. 

Basado en notas periodísticas, sin un dictamen previo de la Auditoría Superior del Estado (ASE) ni de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el documento que votarán los diputados da por hecho que algunas compras y contratos del ayuntamiento son “ilícitos”, “no se apegaron a la ley”, “carecen de fundamentación jurídica” o de plano son “ilegales”. 

Además de la denuncia, el acuerdo tiene por objetivo citar a Rivera Vivanco a una comparecencia para rendir cuentas ante los diputados por las supuestas irregularidades que se atribuyen a su administración. 

La cita que se plantea es presencial, para el 5 de octubre a las 10 de la mañana, en las instalaciones de la ASE. 

La Comisión Inspectora encabezada por la diputada Olga Lucía Romero Garci Crespo (de Morena), imputa ocho casos de posibles ilegalidades al gobierno municipal. 

Se trata de las obras de rehabilitación en el Centro Histórico; la compra de respiradores artificiales usados; compra de despensas; compra de paquetes sanitarios; compra de juguetes; contratación del servicio de barrido de calles; contratación del servicio de fletes y la entrega de apoyos para el pago de luz eléctrica. 

Denunciarán ante la FGE 

El acuerdo de la Inspectora anticipa que se denunciará ante la FGE al gobierno de Rivera Vivanco por un presunto desvío de recursos y la desaparición de bienes muebles, además de que advierte un posible uso electoral del dinero público. 

Usando de argumento una nota informativa, el documento da por hecho que “desaparecieron” los juguetes que el ayuntamiento prometió entregar a infantes en situación de pobreza el Día del Niño. 

Se señala que se gastaron 615 mil pesos en la compra de juguetes, pero se desconoce el destino de los mismos y se llega a la hipótesis de un posible delito electoral. 

“Toda vez que al NO HABERSE ENTREGADO LOS JUGUETES [sic] dicho ejercicio público del gasto público NO CUMPLIÓ CON EL DESTINO PARA EL CUAL SE HABÍA PROGRAMADO [sic], sin que hasta el momento pueda justificarse el destino de dichos bienes muebles adquiridos con recursos públicos y por lo cual desde este momento atentamente solicitó a usted ciudadano Ministerio Público Adscrito a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción en el Estado de Puebla; para que en ejercicio de sus facultades previstas en el artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales, investigue la disposición de los bienes muebles descritos en el presente escrito de denuncia y en su caso, de vista a la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales del Estado de Puebla, por la comisión de posibles delitos electorales”, indica el acuerdo. 

Ven contratos a modo 

Otra acusación es la presunta entrega de contratos a modo, para favorecer a la empresa Atelier Geometrique y al particular Efraín Cerecedo Gómez. 

También basándose en notas de medios de comunicación, el acuerdo indica que la firma obtuvo un contrato por 64 millones 976 mil 999.22 pesos mediante una adjudicación directa, por el servicio de barrido de calles y retiro de grafittis. 

Sobre el particular se indica que ha cobrado tres facturas por 50 mil 553.12 pesos cada una tras ser contratada, también por adjudicación directa, para proporcionar el servicio de fletes. 

La Inspectora concluyó que el ayuntamiento actuó abiertamente a favor de ambos contratistas al no realizar procesos de licitación y por diversas anomalías en las adjudicaciones, como incumplimiento de requisitos legales, falta de documentación y posibles sobrecostos. 

Critican obras en CH 

Sobre las obras de rehabilitación en el Centro Histórico anunciadas por el ayuntamiento, el acuerdo sostiene que son costosas, innecesarias y generarán afectaciones al comercio establecido que apenas se empezó a reactivar debido a la pandemia de Covid-19. 

De la compra de despensas, paquetes sanitarios y apoyos económicos para el pago de luz eléctrica, se atribuyen sobre costos, contratos a modo y opacidad en su entrega a la población. 

En lo que hace a la compra de respiradores artificiales usados, se recuerda que el ayuntamiento los pagó a precio de nuevos y a la fecha no se han fincado responsabilidades.