El ayuntamiento de Puebla promovió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, ubicado en Cholula.

El gobierno de la morenista Claudia Rivera Vivanco pretende echar abajo dos acuerdos, uno dictado por el juez Julio César Márquez Roldán, y otro por el secretario, Martin Pérez Martínez.

El recurso del municipio fue admitido por la Corte la semana pasada y se radicó en el expediente 147/2020.

Hasta este lunes el alto tribunal no había otorgado una suspensión provisional al ayuntamiento para suspender los actos reclamados.

Esta es la segunda demanda de controversia constitucional presentada por el actual gobierno municipal, pues la primera fue la 46/2020, que busca invalidar el decreto con el cual el gobernador Miguel Barbosa Huerta pretende hacerse del control de la seguridad en el municipio.

Arrastran demanda contra Gali

El juicio contra el juzgado busca revertir dos de sus acuerdos, uno emitido el 19 de agosto y otro el 3 de septiembre.

Dichos acuerdos se derivan de una demanda que arrastra el ayuntamiento desde 2015, cuando era alcalde el ahora exgobernador Antonio Gali Fayad.

La constructora Desarrollo Iberoamericano SA (DISA), con sede en San Baltazar Campeche, denunció al gobierno municipal por inconformidades con una licitación, pero a la fecha el caso no se ha resuelto. 

Esta empresa previamente ya había demandado al ayuntamiento durante el gobierno del panista Eduardo Rivera Pérez (2011-2014), pero perdió el juicio en 2013.

En aquel entonces exigía una indemnización de 76 millones de pesos por presuntos adeudos de la construcción del tramo “B” del distribuidor Juárez-Serdán, obra realizada en la administración del panista Luis Paredes Moctezuma (2002-2005). 

Juzgado niega peticiones

En los dos acuerdos impugnados el juzgado dictó medidas en contra del ayuntamiento, mismas que para el gobierno de Rivera Vivanco no fueron apegadas a la ley.

Se desconoce qué argumentó o exigió el gobierno municipal, pero las síntesis de los acuerdos únicamente indican que no se le dio la razón.

“No ha lugar acordar de conformidad lo solicitado… visto lo manifestado por el actor, requiérase a la demandada para que dentro del plazo de tres días justifique documentalmente su oficio...”, dice el extracto publicado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Los acuerdos forman parte del juicio civil o administrativo 71/2015, pero en la página de internet del CJF no se encuentran publicados de forma íntegra.