Con el objetivo de salvaguardar la salud del personal y ciudadanía que acude a las instalaciones, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, ha aprobado el Proyecto de Protocolo de Retorno a las Actividades, así como la Reanudación de Plazos y Términos de los Procedimientos sustanciados por este Órgano Electoral.

Las y los integrantes del Consejo General, consideraron necesario aprobar medidas para el regreso paulatino de las actividades, así como privilegiar el trabajo remoto asegurando las mejores condiciones sanitarias para las personas con el fin de evitar la propagación del virus SAR COV 2.

Las acciones de la estrategia de retorno seguro establecen una campaña de capacitación y difusión entre el personal que conforma el Instituto, así como las acciones específicas que incluyen mantener una sana distancia, filtro sanitario de entrada y salida, medidas de prevención de contagio en el Instituto, uso de equipo de protección personal, medidas preventivas en el trayecto de la casa al centro de trabajo y viceversa, y medidas de protección para la población vulnerable.

Las labores del IEE son de vital importancia para el desarrollo de la vida política de Puebla, el Proceso Electoral Ordinario comienza en el mes de noviembre de 2020, por ello se estima necesario levantar la suspensión de los plazos y términos de los procedimientos del Instituto, así como la atención de cualquier tipo de solicitud, a partir del primero de septiembre de este año, manteniendo las medidas sanitarias anunciadas en el protocolo. 

Así mismo, el Consejo General del IEE, aprobó el cambio de denominación de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación por la Dirección de Igualdad y No Discriminación, así como de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación, de este Órgano Electoral.

Lo anterior, con la finalidad de que este Organismo Electoral cuente con un área especializada en temas de género, para promover igualdad dentro de las estructuras laborales, las prácticas individuales e institucionales, así como a la materialización concreta de una responsabilidad manifiesta en presupuestos, políticas y normativas que consoliden la igualdad sustantiva.