TEHUACAN, PUE.- Personas originarias de la Sierra Negra resultaron afectadas al no poder trasladarse a sus comunidades, luego de que la Fiscalía General del Estado aseguró la terminal donde se concentraban poco más de 14 autobuses que viajan a la zona de Ajalpan.

La acción responde a que el inmueble es una de las propiedades cateadas del edil de Ajalpan, Ignacio Salvador Hernández, quien es buscado por las autoridades.

Mientras tanto, los trabajadores han notificado a los pasajeros que para poder llegar a su destino busquen otras terminales, pero la mayoría de los usuarios prefiere quedarse en Tehuacán. 

Desde el sábado que se registraron cateos en propiedades del edil, se aseguró la terminal de autobuses Sierra Negra, quedando imposibilitada para dar el servicio a los usuarios.

La terminal que fue asegurada se encuentra en la calle Josefa Ortiz de Domínguez y normalmente empieza a dar su servicio desde las 4 de la mañana.

Las unidades que salen únicamente se dirigen a la Sierra Negra por la zona de Vicente Guerrero, llegando a Vista Hermosa como el punto más lejano.
Las corridas son a Coxolico, Alcomunga, Chichicapa y los municipios de Coxcatlán, San Pablo Zoquitlán, San Miguel Eloxochitlán, Tlacotepec de Porfirio Díaz y Santa María Coyomeapan.
A las fueras de dicha terminal se encuentran los empleados para orientar a los pasajeros sobre las opciones que tienen para viajar, ya que el lugar está cerrado por completo y hay sellos colocados en las puertas que impiden el paso.

Ignacio Salvador Hernández, edil con licencia de Ajalpan, es propietario de la mayoría de autobuses que conducen a la Sierra Negra.

Sin embargo de forma reciente unas ocho unidades de su línea fueron aseguradas mediante un operativo de la Secretaría de Movilidad y Transporte, ya que ofrecían al servicio sin contar con permisos, placas de circulación y seguro de vida para los pasajeros.
En ese operativo se contó con el apoyo de elementos de la Policía del Estado sobre la carretera estatal, por el Arco de Seguridad de San Francisco Altepexi y otro más en la junta auxiliar de San Diego Chalma y la "Y" de Peñafiel, siendo estos dos últimos en Tehuacán.

Aunque días después el presidente interpuso un amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civi , Administrativa y del Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, este fue desechado por no reunir los requisitos.
Fue el pasado tres de agosto cuando se determinó desechar la demanda de amparo por improcedente, pues la parte inconforme no cumplió con los requisitos esenciales para que le fuera otorgado, como contar con la Firma Electrónica Certificada.