No será una sola empresa la que administre los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento que por ahora corren a cargo del SOAPAP en la capital y en algunos de los municipios que forman la zona metropolitana de Puebla.

Serán tres las firmas que se harán cargo de estas tareas, y por supuesto, de cobrar por todos estos servicios, durante los próximos 30 años.

Se trata de una mexicana: Agua de México; otra canadiense: EPCOR, y una tercera, también mexicana: TICSA, vinculada a capitales colombianos a través de la conocida EPM (Empresa de Servicios Públicos) de Medellín.

Estas tres compañías crearon un consorcio de nombre Concesiones Integrales SA de CV, que resultó ser el ganador de la licitación publicada por el gobierno del estado para concesionar los servicios que presta el SOAPAP.

Y digo que "resultó ganador", así, en tiempo pretérito, porque así fue.

Concesiones Integrales SA de CV obtuvo la concesión desde diciembre pasado.

A cambio del contrato, que le permitirá al consorcio hacer todo lo que usted ya sabe en las próximas tres décadas, éste tendrá que hacer una inversión inmediata de 3 mil 800 millones de pesos en infraestructura, además de realizar un pago único por mil 400 millones de pesos a la administración estatal.

Sólo hasta el sexto año de la concesión, y después de haber desembolsado 5 mil 200 millones de pesos en una primera etapa, Concesiones Integrales deberá destinar el 10 por ciento de sus ingresos totales anuales para nuevo desarrollo de infraestructura, y 5 por ciento adicional al gobierno del estado, para que éste lo ingrese a las arcas públicas y lo gaste en lo que más convenga a sus intereses.

Los servicios, pues, ya fueron concesionados, que no necesariamente significa que el SOAPAP haya sido privatizado.

De hecho, no lo fue.

El SOAPAP permanecerá como un organismo paraestatal, muy menguado en su operación, eso sí, con capacidades jurídicas para supervisar y fiscalizar las acciones de la empresa.

Oficialmente continuará como órgano rector.

Cualquier queja que el usuario tenga en contra de Concesiones Integrales deberá ser canalizada al SOAPAP, para que éste actúe y resuelva en su favor.

Así quedó establecido en el contrato.

La promesa del gobierno es mejorar considerablemente la prestación del servicio de agua potable y cobrar por ello un precio justo.

Habrá que ver con detenimiento qué es lo que ocurre en la realidad en los meses y años por venir.

Y cruzar los dedos para que nuestros diputados locales, los que sea que se encuentren en vigencia, impidan eventuales abusos.

Por ahora, trabajadores del consorcio realizan labores de reconocimiento sumergidos en archivos, expedientes y oficinas del SOAPAP.

Aún no salen a las calles.

Se dice que lo harán a partir del segundo semestre del año, cuando por fin entren de lleno en la operación del organismo.

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Este jueves, varios legisladores fueron testigos de la molestia que causó en Geraldine González Cervantes, representante popular por el distrito de Tehuacán Sur, la posición pública de Juan Carlos Natale, su compañero de bancada.

El dirigente verde ecologista y diputado local usó de escudo a Geraldine en medio de la perorata que pronunció con micrófono en mano mientras se discutían las reformas a la Ley de Expropiación promovidas por el panista Eukid Castañón.

Natale aseguró que la diputada por Tehuacán estaba inconforme con la iniciativa y que votaría en contra de ella, lo que finamente no sucedió.

Cuentan que Geraldine González se enfadó con Natale y que el episodio se vino a sumar a una larga lista de desencuentros en apenas dos meses de legislatura.

Si a la diputada, que se sumó a las filas del Partido Verde Ecologista por meras circunstancias electorales, le desagrada cohabitar con un compañero que además de llegar borracho a las sesiones del pleno, la utiliza sin siquiera consultarle, ya tendría que pensar en una solución pronta y definitiva.

A menos, por supuesto, que guste de tolerar los desatinos de uno de los políticos (dos o tres) menos respetados del momento.

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Un trascendido que con el paso de los días causará revuelo entre los propietarios de vehículos en la entidad:

A partir de abril, la Secretaría de Finanzas y Administración coordinará un agresivo programa de recaudación que obligará a los propietarios de automóviles a pagar sus deudas por fotomultas, el control vehicular y la tenencia.

Sí, tal cual lo lee.

La dependencia dejará de mandar educados exhortos al domicilio de los contribuyentes morosos para pedirles, de favor, que vayan a pagar sus pendientes.

Eso no pasará.

Lo que sí hará esta secretaría, en concreto la subsecretaría de Ingresos, donde despacha Manuel Arceo García, será emprender operativos para incautar las unidades que no se encuentren al corriente con sus deberes financieros.

La medida disgustará a muchos, sin duda.

Pero ya ha sido autorizada por el Ejecutivo y arrancará en unas cuentas semanas más.

Mejor pague sus contribuciones ahora que aún puede hacerlo sin multas ni recargos.

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