Proyectos como la ampliación del bulevar Las Torres, la construcción del Libramiento Poniente, del gasoducto a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que atraviesa los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, así como nuevas reservas territoriales podrían ser destrabados con la nueva Ley de Expropiación que este jueves aprobó el Congreso del Estado.

El Frente en Defensa de la Tierra y el Agua Puebla-Tlaxcala acusó que la nueva normativa es una forma de “legalizar el despojo” de tierras a los ciudadanos que se oponen a obras como las mencionadas, pues sus predios se declararán como de utilidad pública sin que los propietarios sean notificados con anticipación.

Este martes los diputados locales aprobaron la Ley de Expropiación que permite al gobierno del estado tomar posesión inmediata de un predio al justificar los principios de “urgencia o inmediatez”.

La normativa podrá repercutir en proyectos como la ampliación del bulevar Las Torres que lleva a cabo el gobierno del estado, pues a la obra se oponen pobladores del municipio de San Andrés Cholula ya que funcionarios estatales les han ofrecido hasta 50 pesos por metro cuadrado de terreno para librar el derecho de vía.

Actualmente la mencionada vialidad concluye hasta la Vía Atlixcáyotl y la ampliación que realizará el Poder Ejecutivo estatal prevé que conecte con la carretera federal a Atlixco, por lo que debe cruzar las colonias Emiliano Zapata, El Molinito y Santa Cruz Guadalupe.

Asimismo, la nueva jurisprudencia podrá destrabar posibles bloqueos a la edificación del Libramiento Poniente, que busca conectar el Arco Norte que atraviesa por los estados de México Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, con la Autopista Siglo XXI que enlaza a Puebla con el estado de Morelos.

Recientemente la Secretaría de Medioambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para la vialidad, por lo que la obra se iniciará durante el presente mes, según comentó hace algunas semanas Raúl Murrieta, subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

En tanto, la CFE iniciará la ejecución del Proyecto Integral Morelos que contempla la construcción de un gasoducto que atravesará por los estados de Tlaxcala, Morelos y un total de 11 municipios poblanos.

A la obra se oponen pobladores de San Jerónimo Tecuanipan, Nealtican, Juan C. Bonilla, Atzitzihuacan y Atlixco, solo por mencionar algunas, por lo que recientemente la Secretaría General de Gobierno (SGG) convocó a una reunión a los alcaldes de los municipios involucrados a fin de mediar entre los inconformes y la CFE.

Juan Carlos Flores, representante del Frente, indicó que cuenta con datos sobre la posible declaración de reservas naturales o bancos de tierra en la entidad que involucrarían a comunidades como Atlixco, Azumiatla, Malacatepec, Santa Clara Ocoyucan y Huejotzingo, entre otros, que posteriormente serían ocupadas para la construcción de desarrollos empresariales.

Nueva ley “formaliza el despojo”

Flores refirió que la nueva Ley de Expropiación es una forma de “formalizar el despojo” de tierras a quienes se oponen a obras como las señaladas, pues esta no prevé notificar con anticipación a los afectados que sus predios han sido declarados como de utilidad pública.

Recordó que anteriormente la normativa otorgaba un plazo para que quienes resultaran afectados tuvieran un derecho de audiencia e impugnaran la resolución antes de la ejecución de la obra, pero la nueva ley “borra ese debate”.

Aunado a lo anterior, refirió que la ley aprobada este jueves resulta anticonstitucional pues viola el artículo 14 de la Constitución, el cual indica que nadie puede ser molestado en sus bienes o en su persona salvo previo juicio.

El activista consideró que antes de efectuar reformas a la Ley de Expropiación, los legisladores debieron definir los criterios que se utilizan para declarar un predio como de utilidad pública, sin embargo optaron por ampliar los alcances de la normativa.

En este sentido, refirió que los ejidatarios que puedan ser afectados por la nueva normativa pueden recurrir a amparos, aunque adelantó que el Frente analizará algunas otras vías jurídicas para evitar que terceros sean afectados por decretos expropiatorios.