Académicos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla expresaron su apoyo la Ley de Educación del Estado en lo que refiere a la rectoría del Estado sobre los programas educativos, ya sean de instituciones públicas o privadas, al mismo tiempo que destacaron la falta concisión en la redacción de algunos artículos de sus artículos.

El documento firmado por la Comisión  Organizadora del  Foro  Los  Retos  de  la Educación  Pública Superior en México, a llevarse a cabo en agosto del presente año,  integrada por docentes e investigadores de la BUAP, señala que, a su parecer, el artículo 115 de la Ley de Educación no viola ningún derecho a la propiedad al incluir a las instituciones privadas en el sistema estatal de Educación Pública.

Según los firmantes, el citado artículo está basado en que el artículo Tercero constitucional que establece la rectoría del estado sobre los planes educativos públicos o privados y, además el criterio de integrar a los colegios privados en el Sistema Educativo del Estado, pues “el artículo  99 de  la   Ley General  de Educación  que  entiende  a  la  educación  nacional  como  parte  de  un  todo independientemente  de  que  los  bienes  muebles  e  inmuebles  sean  de  propiedad  pública  o privada. No existe por tanto ningún afán expropiatorio  en el  espíritu de  ambas  leyes”.

La Comisión Organizadora, en la que participan el Director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Francisco Vélez Pliego y  la Directora del Instituto de Física, María Eugenia Mendoza entre otras autoridades académicas de la BUAP, expone su opinión positiva a que la Secretaría de Educación Pública mantenga  una  supervisión  y  regulación  sobre  la  educación  privada, en lo que concierne a garantizar los derechos estipulados en la Constitución, en los artículos 115, 142 y 147 del ordenamiento jurídico poblano. 

Por otra parte, los docentes universitarios  destacan que a diferencia de la Ley General de Educación, la legislación poblana no prevé montos de inversión como en el caso federal, que en educación pública ordena  8% y en educación superior e investigación 1%  del PIB.

Subrayan, al igual que conglomerados de asociaciones de padres de familia e instituciones privadas, la necesidad de enmendar la redacción imprecisa y genérica de  ciertos  artículos  de la Ley de Educación, pues causa confusión sobre qué partes de la ley serán aplicadas a instituciones privadas y cuáles no.

Concluyen el comunicado al destacar la necesidad de diálogo, pues lo consecuente será emitir una ley tanto federal como local, para la Educación Superior, en la que será vital abrir el diálogo.