La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) impugnó por tercera vez ante la SCJN una reforma emanada del Congreso de Puebla, pues ahora busca invalidar una sobre procesos de licitación que considera discriminatoria.

En menos de seis meses el Poder Legislativo ha acumulado cuatro juicios en su contra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues hay otro promovido por la CDH estatal.

El nuevo recurso pretende echar abajo las reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, así como a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado, que entraron en vigor el pasado 23 de enero.

El juicio de la CNDH es una demanda de acción de inconstitucionalidad para que se revoquen parcialmente los artículos 16 bis de la primera ley y el 42 bis de la segunda.

A decir del órgano nacional, las reformas aprobadas por los diputados son discriminatorias y atentan contra el artículo 1 de la Constitución Mexicana.

Esto debido a que se creó la figura de “testigo social” para vigilar los procesos de licitación, pero se estableció como un requisito para serlo el no haber sido condenado por algún delito.

“Los artículos impugnados establecen como requisitos para ser testigo social en las licitaciones públicas que se lleven a cabo en el Estado de Puebla, no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad, ni sancionado como servidor público. Dichas exigencias transgreden los derechos de igualdad y no discriminación al excluir de manera injustificada de la posibilidad de ser seleccionado como testigos sociales en las licitaciones públicas”, acusa la CNDH.

“Las personas que fueron sentenciadas con pena privativa de su libertad, así como a quienes han sido sancionados como servidores públicos, una vez cumplidas dichas sanciones, deben quedar en la posibilidad de participar en la selección de testigos sociales en igualdad de circunstancias”, enfatiza.

La demanda de acción de inconstitucionalidad está firmada por la titular de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra, ya fue admitida por la SCJN y se encuentra en espera de ser atendida.

Cuatro juicios en contra

El Congreso de Puebla enfrenta cuatro demandas en la Suprema Corte, de ellas, tres fueron promovidas por la CNDH y una por la Comisión de Derechos Humanos (CDH) estatal.

Coincidentemente los recursos interpuestos han sido unas de las primeras decisiones de los nuevos titulares de ambos organismos, ya que Piedra Ibarra llegó a la CNDH en noviembre del año pasado y en diciembre impugnó dos reformas, igual que Félix Cerezo Vélez, presidente de la CDH.

La CNDH combate las reformas con las que se aumentaron las penas a la desaparición forzada y eliminaron la prescripción de este delito, así como los artículos del Código Civil que impiden el matrimonio entre personas del mismo sexo y que fueron modificados a petición del gobernador Miguel Barbosa Huerta.

El recurso de la CDH también busca invalidar el bloqueo a los matrimonios igualitarios, pues denunció que es discriminatorio y atenta contra los derechos fundamentales de las personas.