Tras las críticas por negarse a donar recursos para enfrentar el Covid-19, el PRI en Puebla cedió y aseguró que aportará parte de su financiamiento público de los próximos cuatro meses.

El dirigente estatal del partido, Américo Zúñiga Martínez, señaló este miércoles que la decisión la tomó el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y se replicará en todo el país.

Sin precisar el monto que aportará la dirigencia de Puebla, refirió en entrevista que el dinero se enviará al CEN y este será el encargado de entregar todo lo recaudado, aunque recordó que la condición es que no lo administre el gobierno federal.

El Instituto Electoral del Estado (IEE) repartirá este año 255 millones 356 mil 599 pesos entre los diez partidos políticos de Puebla, de los cuales, 39 millones 727 mil 464 (el 15.5 por ciento) corresponden al PRI, de modo que cada mes recibe 3 millones 310 mil 622.

De acuerdo con el dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas, la demanda de los priistas es que se constituya un fideicomiso en el que organizaciones de la sociedad civil vigilen el uso de los recursos.

PRI insiste que es injusto

Si bien el PRI accedió a la donación, Zúñiga Martínez reiteró que la medida fue promovida por Morena con el fin de debilitar a los partidos de oposición.

Como el partido en el poder cuenta con más prerrogativas, reclamó que los demás no podrán competir en igualdad de condiciones de cara a las elecciones de 2021.

“Yo insisto en que lo de quitar el financiamiento impediría el piso parejo para competir con miras a 2021, pero también estoy consciente de que el tiempo que estamos pasando no da lugar a mezquindades, por eso aplaudimos tomarle la palabra al presidente (sobre la donación)”, refirió.

Aunque aún no se define el destino de los recursos, señaló que la intención es que sea para la compra de respiradores artificiales, pruebas de Covid-19, así como insumos médicos para proteger a los contagiados y al personal médico.

Zúñiga Martínez aprovechó también para insistir en que urge que el gobierno del estado conforme un plan económico con incentivos fiscales para evitar que cierren las pequeñas y medianas empresas.

La suspensión del pago de impuestos como el predial y el Impuesto sobre la Nómina (ISN), así como el pago de servicios como luz y agua, son las principales exigencias del tricolor.