Integrantes del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) se manifestaron este día en los juzgados federales de Ciudad Judicial para exigir la salida del juez Mario Cortez Aldama, al que acusan de actos discriminatorios.

El juez negó intérpretes de náhuatl a testigos durante el primer juicio por desaparición forzada del país, que se inició en noviembre pasado en un juzgado de Tehuacán.

El mismo busca dar cauce a testimonios de pobladores que fueron testigos de cómo el activista Sergio Rivera Hernández sufrió un levantón el 23 de agosto de 2018, cuando transitaba por la comunidad de San Pablo Zoquitlán en su motocicleta. 

La desaparición forzada de Rivera, sostienen en MAIZ, estuvo precedida de un activismo contra el proyecto hidroeléctrico Coyolapa- Atzanlan, a cargo del Grupo Ferrominero de Mexico y/o Minera Autlan.

Las personas que fueron detenidas por los hechos estuvieron relacionadas con el proyecto y por ello consideran que la decisión del juez de limitar los testimonios, favorece al dueño del consorcio José Rivero Larrea.

"Sergio, un mes antes, interpuso una averiguación y señaló quiénes lo tenían amenazado de muerte, sin que las autoridades competentes actuaran, hasta que sus agresores cumplieron sus amenazas.

"Posterior a su desaparición y a partir de la exigencia, la presión social, logramos que se detuvieran a tres de varios agresores más, quienes trabajaban para minera Autlán y para la presidencia municipal de Zoquitlán", detalló MAIZ en un comunicado.

A esta desaparición forzada, agrega, el rechazo al proyecto y la insistencia de la empresa también ha generado otras presiones contra activistas y que se generen conflictos internos en las comunidades.