La Auditoría Superior de la Federación (ASF) exhibió que la SEP en Puebla hizo pagos a personal que no acreditó sus funciones e incurrió en posibles daños patrimoniales que suman 40 millones de pesos.

En el último año de gobierno de Antonio Gali Fayad la Secretaría de Educación Pública (SEP) destinó 8 millones de pesos en pagos a “aviadores”, según la tercera entrega del Informe de Fiscalización de la Cuenta Pública 2018.

El reporte publicado el jueves señala que en ese año, con Ignacio Alvízar Linares al frente de la dependencia, se realizaron cinco bloques de pagos indebidos a supuesto personal que no laboró en la dependencia.

Un pago fue por 2 millones 611 mil 533.89 pesos a 580 trabajadores; otro fue de 2 millones 140 mil 195.61 que se repartieron tan solo 14 personas y uno más de 1 millón 590 mil 753.21 pesos para únicamente diez personas.

Otro pago fue de 768 mil 689.33 pesos para 12 personas; 635 mil 816.15 para 20 trabajadores y uno más por 243 mil 373.14 para tres empleados más.

Por lo anterior la ASF ordenó a la SEP reintegrar a la Tesorería de la Federación (Tesofe) el monto total de 8 millones 270 mil 968.71 pesos más los interés que se generen hasta que sean cubiertos.

Daño patrimonial de 32 mdp

La auditoría además evidenció un daño patrimonial de 32 millones 712 mil 216.99 pesos en el programa de “Escuelas de Tiempo Completo (ETC)” y en los Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación.

Sólo en el primero, el quebranto asciende a 22 millones 712 mil 216.99 pesos por posibles ilegalidades en la compra de suministros, pues la dependencia ni siquiera informó qué cosas compró ni acreditó los pagos.

El dictamen señala que la SEP “no contaba con los expedientes del proceso de adjudicación de las compras financiadas con los recursos del programa, ni con los contratos formalizados con los proveedores, por lo que no fue posible constar que los procesos de adquisición se realizarán conforme a la normativa”.

Además indica que “se careció de elementos para determinar que lo manifestado en los comprobantes fiscales pagados se correspondieran con lo requerido y adjudicado, en los cuales no se especificó la cantidad y clases de bienes, mercancías o descripción de los servicios”.

Anomalías en pago de servicios

El otro daño patrimonial es de 10 millones de pesos por irregularidades en la contratación de servicios con recursos del programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación.

La ASE detectó la “falta de documentación justificativa y comprobatoria que acredite la adjudicación, contratación y prestación de los servicios” de cuatro facturas que sumaban dicho monto, pero no se precisó qué servicios se contrataron supuestamente.