El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta busca tres años más de prisión y retiro de licencias y concesiones a quien preste servicios de transporte pirata. 

Así lo detalla una propuesta de reforma enviada al Congreso del estado y cuya discusión se tiene prevista para el próximo martes. 

La modificación se haría en el artículo 190 bis del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, que abarca lo relativo a la seguridad en el transporte. 

Actualmente el texto detalla que quienes presten servicios de transporte público o mercantil y quienes sean dueños de unidades involucradas, pueden ser acreedores de 3 meses a 3 años de prisión, así como de 50 a 500 días de salario mínimo. 

El texto de Barbosa Huerta propone en cambio de 8 meses a 6 años de prisión y de 100 a 500 Unidades de Medida de Actualización (UMA) para quienes presten el servicio o posean las unidades.

Además se cancelará la licencia de manejo hasta por cinco años y de manera definitiva el tarjetón de chofer, y se decomisarán las unidades involucradas.

Por otro lado se prevé sancionar también a representantes, socios, líderes o personas jurídicas, concesionarios o permisionarios del transporte público, que se vinculen con los servicios irregulares.

En este caso se les aplicarán de una a dos terceras partes de las penas previstas y se les retirarán autorizaciones vigentes.

De acuerdo con el texto, la iniciativa parte de reconocer que el transporte es necesario para el desarrollo del estado y de que actualmente se enfrenta tanto inseguridad como la existencia de servicios irregulares y que significan una competencia ilegal.