La Secretaría de la Función Pública estatal dio a conocer que hasta el 30 de diciembre de 2019 impidió la prestación de servicios de cinco empresas que habrían incurrido en irregularidades.

Las empresas aparecen marcadas con el color amarillo en un semáforo que evaluó a un total de 367 contratistas calificados y laboratorios de pruebas y control de calidad que se mantuvieron vigentes este año.

A las constructoras marcadas se les impiden actividades por incurrir en supuestos de cualquiera de las fracciones del Artículo 55 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

Algunos de los motivos de impedimento son que los procesos de licitación se involucren funcionarios públicos, que las empresas tengan rescisiones administrativas de contratos o señalamientos de la Contraloría, o estén sujetas a concurso mercantil; que compartan socios o filiales con otras empresas participantes o que hayan registrado atrasos o vicios ocultos.

De la lista de las cinco empresas impedidas sólo hay información de las obras que realizaron tres de ellas y de las posibles irregularidades en las que incurrió una.

Consorcio Constructor Río Alseseca S.A. de C.V. fue investigada como parte de una auditoría para identificar obras sin registros para reparación  de deslaves y derrumbes, en el periodo interino de Guillermo Pacheco Pulido.

Vargas y Enriquez Asociados S.A. de C.V.  participó en obras de reconstrucción por el sismo del 19 de septiembre de 2017 y al Grupo Constructor y Arrendador del Centro S.A. de C.V se le asignó la reconstrucción de las laterales de la Recta a Cholula.

Obras y Diseño MRG S.A. de C.V. y Procesos de Terracerrías Barrera S.A. de C.V. son las otras dos constructoras suspendidas pero de las cuales no hay antecedentes.

El Artículo 55 que determina qué empresas son catalogadas con el semáforo de color amarillo señala también que los impedimentos pueden mantenerse durante dos años desde la fecha de notificación.

El gobierno estatal mantiene vigentes impedimentos similares contra otras 49 empresas por señalamientos registrados en gobiernos anteriores.