Durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña, la Sedena se convirtió en una constructora muy poderosa pero en al menos en 17 obras militares y civiles contrató como proveedoras a 100 empresas fantasma.

Esos proveedores de la Sedena no tenían el personal ni la capacidad técnica para realizar los trabajos y en ocasiones ni domicilios acreditados. En la dirección de una firma en el Estado de México, por ejemplo, había un gimnasio, y en otras dos en Puebla, un negocio de barbacoa y una papelería, según una investigación del periódico El Universal.

En una revisión hecha sólo a 17 de las 851 obras que le fueron encargadas a la Sedena por varias dependencias de gobierno, por administración directa, se detectó que la secretaría destinó 891 millones de pesos para contratar como proveedoras de bienes y servicios a un centenar de empresas con inconsistencias que firmaron contratos en un procedimiento desaseado o que advierten posibles actos de corrupción.

Ninguna de las 100 compañías mencionadas estaba inscrita en el padrón de proveedores de la Sedena; una veintena de ellas fue creada exprofeso para las obras; nueve se disolvieron meses después del contrato; siete no cuentan con registro ante la Secretaría de Economía, y tres fueron sancionadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), detalla El Universal.

Además cinco empresas o sus socios están señalados en el listado del Servicio de Administración Tributaria (SAT) como firmas que simulan operaciones; ocho proveedores no fueron localizados; nueve tienen algún incumplimiento fiscal que les impediría recibir contratos, mientras que en ocho casos más alguno de los socios formó parte de algún padrón de beneficiarios de programas sociales.

Refiere El Universal el caso de la empresa Servicios Integrales de Construcción e Ingeniería Ideal, cuyo dueño, Francisco Javier López Rodríguez, fue reportado por el SAT como no localizado pues el número del domicilio de la firma, en la colonia La Paz, en Puebla, no existe.

También se menciona a la firma Constayma, señalada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por simular operaciones con beneficiarios de subsidios de Sagarpa.

“Esta empresa está en la colonia La Paz, en Puebla, donde también se halla Concretos Luaya, constituida en 2016 por el notario Mario Marín y la cual vendió concreto por 1.3 millones de pesos para la construcción de un Centro Aeroespacial en Zacatecas, en 2018.

“Una de las personas que constituyeron esta empresa es Rubí Esmeralda Costeño, quien aparece en un padrón de beneficiados con techos de lámina de un programa de Desarrollo Social”, reportó el diario.

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