El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta sentenció que independientemente de que cuente o no con recursos públicos, en enero se iniciará la construcción de un penal en Puebla, probablemente con financiamiento privado.

En el nuevo inmueble será reubicada la mitad de la población del penal de San Miguel, pues actualmente hay un “descontrol” en este sitio, comentó el mandatario.

“…empiezo en enero, haya o no haya dinero público. Se los digo: si no hay dinero público, voy a empezar en Puebla un reclusorio de 2 mil 400 personas para dividir San Miguel porque está fuera de control con más de cuatro mil personas”, refirió en entrevista.

El mandatario indicó que ya recibió propuestas de empresas para invertir en el proyecto, el cual se licitará y la empresa se determinará a través de ese procedimiento.

A falta de presupuesto, intervendrían empresas

El gobernador comentó que uno de los principales problemas del estado que a diario se analizan en las mesas de seguridad es la sobrepoblación carcelaria y los cientos de detenidos que las autoridades registran diariamente.

Refirió que es urgente atender la situación del Centro de Reinserción Social de San Miguel ante el desgobierno que existe en ese sitio, por lo que indicó que en caso de que no cuente con recursos públicos en 2020 se construirá con capital privado.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año no se prevé algún proyecto sobre infraestructura carcelaria. Por el contrario, hay un recorte de 90 por ciento en las previsiones para obras de infraestructura.

Barbosa Huerta reveló que ya hay propuestas de empresas para construir los cuatro reclusorios que proyectó para los restantes cinco años de gobierno, por lo que no dudará en aceptar sus propuestas si no hay presupuesto público.

Reconoció que el PEF para 2020 incluye recortes presupuestales para Puebla, pero aseguró que su gobierno ya prevé esa circunstancia, particularmente en salud, por lo que se trabajará en generar ingresos propios.

Según ha señalado anteriormente el gobernador, los tres penales restantes se instalarían en Tehuacán, Huauchinango y Teziutlán y juntos tendrían una capacidad para albergar a cuatro mil personas.

Foto Agencia Enfoque