Irregularidades administrativas, financieras y legales por más de 20.6 millones de pesos fueron cometidas en la Comisión Estatal de Vivienda que depende de la Secretaría de Bienestar –antes Secretaría de Desarrollo Social–, entre mayo de 2017 y diciembre de 2018.

De acuerdo con el acta de la situación actual de la comisión, en 2018 se construyeron más de 50 viviendas sin que este organismo tuviera facultades para ello.

El diputado local Gerardo Islas Maldonado fue titular de la Sedeso en el citado periodo. Las viviendas se construyeron en Atzitzihuacán, que forman parte del distrito local 22 con cabecera en Izúcar de Matamoros, por el que el legislador fue electo en 2018.

Hay que recordar que a finales del mes pasado hubo un relevo en la titularidad de la Comisión, después de que fue filtrado un video en el que se observa a la ahora exdirectora Assenet Lavalle Arena recriminar a sus subordinados que no siguieran sus instrucciones.

Ubican anomalías

En el acta de la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión se dio cuenta de la existencia de una cuenta bancaria denominada “Sedeso vivienda”, la cual contaba con 7 millones 791 mil 957 pesos, recursos que fueron transferidos en 2018, sin embargo a la fecha no se ha encontrado evidencias documentales o físicas de la aplicación de esos recursos.

El 12 de julio pasado, la Comisión solicitó a Banorte un informe pormenorizado del destino del dinero pero a la fecha la institución bancaria no ha respondido.

Adicionalmente, en 2018 hubo otra transferencia por parte de la Sedeso a la Comisión por 12 millones 874 mil 60 pesos, pero tampoco hay evidencia documental que compruebe ese gasto, según se indica.

Los recursos fueron etiquetados para la construcción de 60 viviendas en el municipio de Atzizihuacán, para familias afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017, lo que violentó el reglamento de la Comisión, pues esta no cuenta con facultades para ejecutar obra pública.

Por otra parte, en los expedientes de la Comisión no hay documentos que den cuenta de los permisos de construcción, criterios para la elección de los beneficiarios, incluso hay formatos con el título “Hoja resumen diaria de trabajo de certificación de la acción” que no tienen firmas.

Otra de las anomalías detectadas es la contratación de un programa electrónico para la geolocalización y descripción de los afectados por el sismo, por adjudicación directa por un monto de 1.3 millones de pesos, sin que exista evidencia de que el servicio se entregó.

Un caso similar ocurre con un contrato para obtener un servicio de digitalización de documentos de la Comisión por 900 mil pesos, pero tampoco hay evidencia de que este se haya concretado.

Foto: Especial