La Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió la recomendación 5/2019 al presidente municipal de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga, por un caso de brutalidad policial donde cuatro personas fueron detenidas y golpeadas en un operativo alcoholímetro.

Según la recomendación emitida este miércoles, en el expediente 2736/2019 y el acumulado 4474/2017, la investigación se inició cuando elementos de Seguridad Pública de San Pedro Cholula realizaron la detención de un vehículo en un operativo alcoholímetro, en 2017.

Derivado de la revisión correspondiente, se determinó que el conductor dio positivo a la prueba de alcoholemia, motivo por el cual se procedió a la detención de él y de sus tres acompañantes, los cuales además fueron golpeados por los uniformados.

La ilegalidad de la aprehensión se comprobó días después cuando un juez de control ordenó su inmediata liberación al considerar que la detención no se encontraba debidamente justificada y fundamentada, por lo que la CDHEP inició una investigación por la brutalidad policial.

Fue así como se llegó a la conclusión de que los elementos de la Policía Municipal de San Pedro Cholula incurrieron en la violación de derechos humanos a la seguridad jurídica y a la integridad y seguridad personal de los agraviados.

Se emitieron cinco recomendaciones mediante las cuales el gobierno de San Pedro Cholula debe brindar atención médica y psicológica a los afectados, a fin de que se reparen las secuelas que causó la agresión sufrida por parte de los uniformados.

También se deberá instruir a la Contraloría Municipal para iniciar una investigación por faltas administrativas en contra de los uniformados que participaron en este hecho, del mismo modo, se colabore para la presentación de la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público en contra de los agentes.

El Ayuntamiento de San Pedro también deberá dar capacitación a sus elementos respecto al respeto  y protección de los derechos humanos, además de que se deberá de emitir una circular para recordarle a los uniformes que deben limitar su actuar a lo establecido en el ordenamiento jurídico mexicano.

Foto: Archivo