Como medida de presión para integrarse a la segunda línea de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), mejor conocido como Metrobús de Puebla, alrededor de 400 concesionarios han sido acosados con multas por parte de supervisores de la  Secretaría de Transporte (ST).

A decir de Ernesto Cholula Romero, uno de los integrantes de la Asamblea Permanente del Transporte, el próximo lunes podrían cerrar calles del centro histórico para manifestarse contra el acoso y la integración de la segunda línea de un sistema de transporte que no ha comprobado su eficiencia. 

La Secretaría de Transportes restó importancia a las declaraciones de Cholula y subrayó que esta persona no cuenta con una concesión de transporte público.

En el mismo sentido, Samuel Méndez, concesionario de la ruta 22 que circula por donde habrá de pasar la segunda línea del sistema RUTA, asegura que los transportistas son hostigados por parte del gobierno del estado, a través de multas, para que acepten sumarse al proyecto de la nueva línea del Metrobús.

Detallaron que desde que se anunció esta segunda línea de la RUTA, se entrevistaron con el gobernador Rafael Moreno Valle para plantearle sus inquietudes, pero éste los remitió con el Secretario del Transporte, Bernardo Huerta, quien a su vez los envió con el subsecretario del transporte, Carlos Zurita.

Samuel Méndez refirió que Carlos Zurita fue tajante en sus respuestas y les sentenció que “si no les convenía, que mejor fueran buscando otro negocio”.

Frente a esta postura, el representante de los transportistas afirmó que están dispuestos a participar en el nuevo sistema de traslado masivo, “pero no con las reglas que el gobierno imponga”.

Por su parte, Ernesto Cholula recordó que con la línea 1 del RUTA varios de sus compañeros se quedaron sin trabajo.

De igual forma dijo que solicitarán que el sistema del metrobús Tlaxcalancingo-Chachapa sea sujeto a las tarifas oficiales del transporte ordinario, pues no hay razones para el cobro de 7.50 pesos, tarifa que fue autorizada para unidades tipo “articuladas” y que en la práctica funcionan sólo tres.

Los transportistas aseguran que la ST presiona mediante boletas con hasta seis infracciones acumuladas, con el propósito de detenerles sus unidades o hacerles pagar multas de 6 a 12 mil pesos, o 3 mil pesos de “mordida” para los supervisores.