El campus poblano de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) enfrenta un conflicto por cobros sin sustento de la empresa Concesiones Integrales S.A. de C.V. o Agua de Puebla que ya ha alcanzado a inmuebles cercanos y que derivará en un amparo.

Así lo denunciaron este día integrantes de la Asamblea Social del Agua (ASA), que asesoran legalmente a la institución educativa y advierten que el caso podría convertirse en un problema crítico de salud.

El problema, explicó el abogado de la organización Omar Jiménez Castro, inició en el último cuatrimestre del año pasado cuando a la UPN le cortaron los servicios de agua y drenaje en la zona de Agua Santa, bajo el argumento de que acumulaban un adeudo de 57 mil 922 pesos que la empresa no pudo justificar a la universidad.

En el conflicto intervinieron funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) durante el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido y se aseguró que habían llegado a un acuerdo sobre los cobros.

Sin embargo, para agosto la empresa argumenta ahora que el adeudo ha aumentado a 112 mil 852 pesos y además se les realizan cobros mensuales de 7 mil 928 pesos con todo y que desde el año pasado no cuentan con los servicios.

Según los dirigentes de la Asamblea, el cobro ahorca a la universidad pues el presupuesto anual que tienen para mantener su sede en la zona de Agua Santa y otros inmuebles del estado es de apenas 150 mil pesos.

La falta de servicios pone en riesgo sanitario tanto a la comunidad universitaria cercana a 600 alumnos, como a otras dos escuelas, un club deportivo, y los nosocomios del gobierno del estado con los que colinda la UPN.

"Es afectada la población del Centro Escolar Gustavo Díaz Ordaz, que en pocos días regresa a clases; el Centro Bachillerato Tecnológico Industrial de Servicios 260; más grave todavía, el Club Alpha, y no es porque sea un club privado, sino que van a hacer ejercicio. Y más grave todavía, el Hospital General de servicios médicos del gobierno del estado", dijo Jiménez Castro.

Al igual que lo han hecho con otros ciudadanos, escuelas y comercios afectados por los cobros sin sustento de Agua de Puebla, detalló, a la UPN le asesoran para ampararse y ya se trabaja en un primer documento.

Asimismo, buscarán que respondan la SEP estatal, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del Estado de Puebla, el Sistema Operador de los Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP) e incluso el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Emprenderán una lucha a partir del caso de UPN, agregó la activista María Eugenia Ochoa García, también cuenta con buenos antecedentes como el de Baja California Norte, en donde directivos de instituciones educativos se unieron para lograr que no les cobraran por servicios hidráulicos.

"Se organizaron y lograron que no hubiera ningún costo, ningún costo por este servicio público que además es un derecho humano", recordó la también académica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).  

Foto Agencia Enfoque