Organizaciones defensoras de los derechos indígenas en Puebla acusaron que el proceso del gobierno federal para sentar las bases de consulta a comunidades indígenas, para la reforma al Artículo 2 constitucional, es una simulación sin posibilidad de diálogo y que deja ver que la propuesta traerá riesgos para ellos.

Así lo señalaron en un comunicado organizaciones defensoras de comunidades contra proyectos extractivos de minas, hidroeléctricas e instalación de industrias agroindustriales, después de una primera reunión realizada el viernes en Cuetzalan,

De acuerdo con el documento, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) se limitaron a presentar su propuesta sin posibilidad de retroalimentación, por lo que tuvieron que pedir que se asentara en actas que se trataba de una actividad informativa que no daba garantías para futuras consultas.

Asimismo, destacan que vieron el reconocimiento a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público como positivo, pero que en la propuesta del gobierno federal continua la advertencia de preponderar el valor de los recursos energéticos de la nación sobre los derechos indígenas relacionados con el territorio.

"Con enorme preocupación denunciamos que el INPI propone en el documento Principios y Criterios para la reforma constitucional al artículo 2, el concepto de derecho al territorio, pero manteniendo la salvedad de dicho derecho en donde hay recursos estratégicos para la nación, es decir, gas, petróleo, recursos para generar energía eléctrica y nuclear entre otros.

"Esto nos parece inaceptable, pues actualmente ya estamos viviendo las consecuencias de la aplicación de una legislación que supedita nuestros derechos a los intereses económicos de grandes empresas extractivas y energéticas y que ha favorecido la criminalización de defensores y defensoras del territorio", señalaron.

Según las organizaciones, esto abre la posibilidad para que continúen las violaciones a derechos, como ya se ha visto en los casos de la canadiense Almaden Minerals Ltd.que pretende abrir una mina de oro y plata en Ixtacamaxtitlán; el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, que busca beneficiar a Walmart;  las denuncias penales interpuestas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contra indígenas defensores del territorio en Cuetzalan; la instalación de Granjas Carroll en Oriental y los asesinatos de activistas.

Al gobierno federal le piden cesar la simulación como parte del proceso rumbo a la reforma constitucional para consultar a pueblos indígenas mientras que al gobernador entrante Luis Miguel Barbos Huerta le piden no profundizar en las agresiones.

Lar organizaciones firmantes son el Consejo Tiyat Tlali en Defensa del Territorio; la Unión de Cooperativas Tosepan; la Organización Independiente Totonaca (OIT); la Unidad Indígena Totonaca Náhuatl (UNITONA); la Unión de Ejidos y Comunidades Atcolhua y el Consejo Regional Totonaco en Defensa del Territorio.

En la lista también están el Movimiento Independiente Obrero, Campesino y Popular (MIOCUP) CNPA-MN, la organización Makxtum Kgalhaw Chuchutsipi, elColectivo Tajtomej Taltipak, el Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban AC., la Agencia Timomachtikan AC, la organización Comaletzin Tochan AC, la Radio comunitaria Tzinaka y la Brigada de Defensa del Territorio.

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