El Ayuntamiento de San Pedro Cholula perdió un juicio mercantil en el Juzgado Primero de lo Civil de ese distrito, a causa de un pendiente de aproximadamente un millón 360 mil pesos que quedó a deber la administración del ex presidente municipal, Juan Pablo Jiménez Concha, a uno de los proveedores de ese gobierno.

Fuentes del Ayuntamiento, quienes solicitaron el anonimato para evitar represalias, confirmaron a e-consulta que por esa deuda se congelaron tres cuentas bancarias radicadas en las instituciones bancarias HSBC y Banorte; sin embargo aclararon que la misma fue heredada por la gestión del 2005-2008.

Explicaron que, durante el mandato del edil sucesor, Francisco Andrés Covarrubias Pérez, el abogado del proveedor, Carlos Esteban Huerta, emprendió el juicio con el número 1640/2011, en el Juzgado Primero de lo Civil, a manera de exigir el pago correspondiente. Sin embargo, al final del trienio, la deuda tampoco se liquidó y nuevamente se le traspasó a la siguiente administración.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, el juicio continuó, pero fue descuidado por el área jurídica, que no respondió en tiempo ni en forma la demanda, por lo cual la juez resolvió a favor de la parte actora y el abogado solicitó el embargo de las cuentas bancarias, como medida cautelar para garantizar el pago a su cliente.

Por lo anterior, el Ayuntamiento analiza qué decisiones tomar para liquidar el pago y ya no heredar la deuda para la siguiente administración.

Abren investigación por daño patrimonial en San Pedro Cholula

La presidenta municipal Dolores Parra Jiménez ordenó una investigación acerca de una cobranza jurídica derivada de un adeudo de pasadas administraciones, por la que se reclama un monto de millón 300 mil pesos por concepto de “prestación de servicios”.

La demanda interpuesta por Efraín Erick Contreras, representante legal de Contreras Bonilla Rangel Mijangos, Abogados y Auditores, S. A. de C. V., fue notificada el 3 de junio de 2013 y causó sentencia en octubre pasado.

A partir de tales antecedentes, la indagatoria ordenada por la alcaldesa consiste en determinar la naturaleza de presuntos “errores” al interior del Ayuntamiento, que “complementados” con intereses externos, bloquearon la actuación procesal a que el gobierno municipal tenía derecho, para actuar en tiempo y forma, y en su legítima defensa.

Parra Jiménez subrayó el extrañamiento de que justo en el cierre de su gestión se hace público el hecho filtrado a un medio de comunicación.

La presidenta municipal precisó que la indagatoria será para determinar si dentro y fuera del Ayuntamiento operó algún modo de contubernio para obtener ventajas ilegítimas, y causarle un daño patrimonial al gobierno municipal.