El Congreso de Puebla sometería a proceso a 37 exalcaldes por supuestas anomalías en sus cuentas públicas 2016, entre ellos a los de San Pedro Cholula, Tehuacán, San Martín Texmelucan y Ajalpan.

La Comisión Inspectora recibió en su sesión de este jueves 58 informes de fiscalización de la Auditoría Superior del Estado (ASE), quien detectó irregularidades en 37.

Es así que propuso a los diputados que sean aprobados 21 y que en el resto se impongan Inicios de Procedimiento Administrativo y de Responsabilidades (Ipadr).

De forma unánime (seis votos), la comisión que preside Olga Lucía Romero Garci Crespo, de Morena, aprobó iniciar las investigaciones y turnó el dictamen al pleno para que sea avalado en la sesión ordinaria del miércoles.

Los procesados

Entre los sujetos obligados que serían sometidos a procedimiento destaca el diputado local del PT (que milita en Morena), José Juan Espinosa Torres, a quien se le imputa un quebranto de 18 millones de pesos en su tercer año como alcalde de San Pedro Cholula.

Este será el segundo Ipadr que enfrentará, ya que apenas el 15 de marzo le fue abierto uno por un supuesto daño patrimonial de 33 millones de pesos en el 2015.

La medida será aplicada apenas unos días después de que fue destituido de la presidencia de la Mesa Directiva, expulsado de todas las comisiones en las que participaba y de la coordinación parlamentaria del Partido del Trabajo (PT).

Por la tarde, el ex alcalde negó a través de sus redes sociales que tenga observaciones pendientes de solventar de la cuenta pública 2016 en San Pedro Cholula, por lo que acudirá a tribunales para demostrar que la actuación del Congreso es ilegal.

Contamos con todos los documentos certificados que demuestran la dictaminación en POSITIVO de la cuenta pública 2016 de @GobiernoCholula, además causaron estado en términos de ley. ¡Basta de mentiras! pic.twitter.com/4Rd0RP0Rcq

— José Juan Espinosa (@JoseJuanEsp) 28 de junio de 2019

También sería procesada la priísta Ernestina Fernández Méndez, exalcaldesa de Tehuacán que ya ha recibido Ipadr e incluso libró un proceso de revocación de mandato iniciado por la LIX Legislatura, con mayoría panista.

A Rafael Núñez Ramírez (del PT) se le investigaría un presunto quebranto a las arcas de San Martín Texmelucan, municipio que dejó de gobernar en junio de 2018 (cuatro meses antes de concluir su gestión) luego de que se le vinculó con el crimen y el estado asumió el control de la seguridad.

Por Chignahuapan se perfila procesar a Enrique Rivera Reyes (del PRI), quien buscó una diputación federal y pidió licencia en enero del año pasado, dejando su cargo a Laureano García Domínguez.

Van por edil difunto y ligados a huachicol

El expresidente municipal de Huehuetlán el Grande asesinado el 2 de agosto del 2016, José Santamaría Zavala, también le sería abierto un procedimiento por anomalías en el ejercicio de recursos.

Lo mismo con Pablo Morales Ugalde, de Pacto Social de Integración (PSI), exalcalde de Palmar de Bravo aprehendido el 5 de julio del 2017 por supuestos nexos con el robo de combustible y liberado el 10 de octubre del 2018.

A José Isaías Velázquez Reyes (del PRD) lo indagarían por sus finanzas como edil de Atzitzintla, cargo durante el cual fue detenido el 10 de marzo de 2017 por presuntos nexos con el crimen organizado, aunque recuperó su libertad el 24 agosto del 2018.

A los priístas Gustavo Salomón Lara Torres y Carlos Alejandro Valdez Tenorio se les imputa un quebranto como munícipes de Ajalpan y Acatzingo respectivamente, aunque el segundo ya enfrenta otro procedimiento por su cuenta pública 2015.

Los Ipadr serán aprobados en la sesión del pleno del próximo miércoles, cuando también se dará entrada a 45 recursos de revocación, con los cuales varios funcionarios buscan echar abajo las sanciones que les fueron impuestas por la pasada legislatura.

Las penas son multas e inhabilitaciones por irregularidades detectadas en cuentas públicas que datan desde 2007, es decir, que después de 12 años no han podido acreditar su inocencia.

Niegan “garrote político”

En entrevista al concluir la sesión de la Inspectora, Romero Garci Crespo negó que los procedimientos que se van a iniciar representen un “garrote político”.

Señaló que “en legislaturas pasadas” se solía a usar las cuentas públicas para amedrentar a opositores políticos, pero aseguró que ya no se conduce así la comisión y las investigaciones que se abrirán están apegadas a derecho.