El Congreso del estado pretende quitar a los ayuntamientos la autonomía para establecer impuestos, multas y permisos creando la Comisión de Mejora Regulatoria, órgano dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), que será quien avale los precios.

Así lo establece la minuta de decreto de la Ley de Mejora Regulatoria que sería aprobada en el pleno en la sesión ordinaria del miércoles, pero fue frenada por diputados que han sido alcaldes y acusaron que la norma violentaría facultades de los cabildos.

La norma establece que dos veces al año (en mayo y noviembre) los ayuntamientos tendrán que presentar a la comisión una “agenda regulatoria”, que contendrá el listado de impuestos que cobran, los precios de los servicios que prestan, así como de las licencias, permisos y multas.

Actualmente esta información se incluye en las Leyes de Ingresos municipales que cada año son enviadas al Congreso y éste se encarga de aprobarlas sin modificaciones para que entren en vigor.

Con la Ley de Mejora Regulatoria, esta información será revisada por el órgano de la SFA, el cual podrá hacer “observaciones” con carácter vinculante –es decir, legal— que los municipios estarán obligados a acatar.

Si los ayuntamientos no modifican sus agendas con lo señalado por la comisión, ésta no les dará una “resolución”, sin la cual las agendas no serán publicadas en el Periódico Oficial del Estado y no entrarán en vigor.

Así lo marca el artículo 75 de la ley de mejora, que a la letra dice: “el Periódico Oficial del Estado únicamente publicará las regulaciones cuando estas acrediten contar con una resolución definitiva de la Autoridad de Mejora Regulatoria (la comisión)”.

De acuerdo con el artículo 27 de la norma, la Comisión Reguladora será encabezada por quien decida el gobernador del estado, pero el titular de la SFA podrá proponer a alguien.

El comisionado se encargará de determinar si se avalan o no las agendas regulatorias de los municipios con base en el “impacto regulatorio”, es decir, si sus impuestos o cobros por servicios son benéficos para la hacienda pública, pues de lo contrario se harán las observaciones.

Además de revisar las agendas de los 217 municipios, la comisión evaluará la agenda regulatoria estatal y luego la turnará al Consejo de Mejora Regulatoria, ente superior que estará encabezado por el gobernador y el titular de la SFA.

Se frustró “albazo”

La inconformidad con la Ley de Mejora Regulatoria estalló luego de que el dictamen fuera modificado de última hora antes de la sesión del miércoles, ya que sobre las curules de los diputados se circuló una minuta distinta a la aprobada el martes por las comisiones de Hacienda y Desarrollo Económico.

Los principales cambios consisten en que las observaciones hechas a las agendas no serían vinculantes, así que los ayuntamientos no estarían obligados a cumplirlas, mientras que la comisión Reguladora sería una subsecretaría, pero luego se cambió la redacción para que fuera un órgano desconcentrado.

José Juan Espinosa Torres (del PT), presidente del a Mesa Directiva, denunció un intento de “albazo” por parte de algunos diputados de la coalición Juntos Haremos Historia, pues acusó que se cambió la minuta por “instrucción” del titular de la SFA, Jorge Estefan Chidiac.

Retó al diputado de Morena, Fernando Sánchez Sacia, a que desde la tribuna defendiera los beneficios de la ley, ya que él figuraba como promovente de la iniciativa, pero se negó.

Acusan ley a la medida de Estefan

Con esto el exalcalde de San Pedro Cholula denunció que el morenista solo fue un “instrumento” para que se aprobara una ley que daría a Estefan Chidiac y a los futuros secretarios de Finanzas una nueva forma de “someter” a los ediles.

Tras llamar a la iniciativa la “Ley Estefan”, convocó a otros diputados que han sido presidentes municipales a frenar la aprobación y regresar el dictamen a comisiones para que se modificara.

Lo apoyaron Carlos Morales Álvarez, de MC y exalcalde de Huejotzingo; Raymundo Atanacio Luna y Valentín Medel Hernández, ambos del PT y exediles de Soltepec y Chilchotla, así como Uruviel González Vieyra, exmunícipe de Tlachichuca, de Compromiso por Puebla (CPP).

Luego de que todos subieron a la tribuna a cuestionar la ley, con 23 votos a favor se aprobó no ponerla a votación y regresarla a las comisiones de Hacienda y Desarrollo Económico para su análisis y modificación.

Foto: Agencia Enfoque