Ante ello, una veintena de litigantes exigieron a la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade), la destitución de Rodolfo Ramos García, presidente del Tribunal de Arbitraje.

Acusan improductividad laboral e incompetencia profesional en el Tribunal de Arbitraje, aunado a que aseguran que existe prepotencia en el trato hacia trabajadores y abogados.

Mediante un desplegado los abogados: José Samuel Porras Rugerio, Ana Lilia Rendón López, Ana María Flores Román, José Eduardo Tépoz Rodríguez, Ehécatl Tonatiuh Sarabia Amador, Joel Bermúdez Marín, Jesús Rojas Lezama, Luis Manuel López Pérez, Julián Neri, Valeria Hoyos Ramos, Evaristo Álvarez Alonso.

Además de Oscar Jiménez Gutiérrez, Bárbara Zamora López, Santos García Díaz, Manuel Fuentes Muñiz y la organización Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre acusaron un mal desempeño de Ramos García a lo largo de dos años, que ha fungido como presidente.

Entre las anomalías destacan el retraso en otorgar una primera audiencia conciliatoria a más de 300 trabajadores del gobierno del estado, que fueron rescindidos entre los años 2011 y 2012.

Cabe destacar que el Tribunal de Arbitraje es el encargado de revisar las demandas de los burócratas estatales y de los trabajadores de los 216 municipios de Puebla, con excepción del ayuntamiento capitalino.

José Samuel Porras Rugerio explica que existe parálisis en el tribunal, lo que atenta contra los trabajadores que son despedidos injustificadamente y contra los ciudadanos en general que tienen que realizar algún trámite.

Quienes acuden a ese organismo son víctimas de anomalías como extravíos de expedientes.

Por estas acciones, Rodolfo Ramos ha sido acusado en distintas ocasiones ante la Contraloría del estado, la Comisión de Derechos Humanos y ante los juzgados federales.

Entre las irregularidades que señalan los litigantes se ubica el desacato de las sentencias de juicios de amparo, y en algunos casos cuando los trabajadores llegan a ganar los laudos estos no se ejecutan.

Un caso de no ejecución es el de Jaime Roberto López Hernández, quien era trabajador de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y que ganó seis amparos como parte de los juicios que emprendió contra el gobierno del estado por despido injustificado.

Pese a que ganó el amparo 1933/2012 del Juzgado Quinto de Distrito a López Hernández, no se le paga debido a que no se ejecuta el laudo.

Por este tipo de retrasos, el magistrado ha tenido que comparecer ante la PGR por distintos casos, luego de que los acusadores se han amparado ante instancias federales por el claro bloqueo a sus demandas.

Rodolfo Ramos tiene un proceso en su contra por inejecución de sentencia en el expediente 186/2011 de Gregorio Paisano Jesús, bajo el amparo 671/2011 del expediente laboral 186.

Además en otros tres casos ha omitido el llamado de la autoridad federal, por lo que el magistrado ha sido multado en dos ocasiones, con sanciones entre 20 y 40 días de salario mínimo.

Los litigantes también piden que el Congreso del Estado vigile el cumplimiento de ley de los trabajadores al servicio de los poderes del estado de Puebla.