De manera coordinada, las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), junto con la Comisión Nacional para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), trabajan para sacar del mercado nacional alrededor de 360 plaguicidas, vinculados a 60 moléculas.

La cancelación del registro de estas 60 moléculas está en marcha, y habrá un retiro de los 360 plaguicidas del mercado y una suspensión de sus procesos de formulación, producción e importación. Todo ello, en respuesta a la recomendación 82/2018, hecha el 28 de diciembre pasado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a las instituciones mencionadas, a fin de que se restrinja la comercialización y el uso de plaguicidas de alta peligrosidad.

El subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, Víctor Suárez Carrera, encabezó una sesión de trabajo de los directores de Cofepris, José Alonso Novelo, y Senasica, Francisco Javier Trujillo Arriaga, así como funcionarios de ambas instituciones, y representantes de las organizaciones civiles y de la academia, como María Colín, de Greenpeace, y Guadalupe Ponce, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y también representante de la Red Mexicana de Toxicología de Plaguicidas (RMT).

Javier Trujillo informó que, además de tomar decisiones para atender la recomendación de la CNDH, los funcionarios están dando los primeros pasos para promover una iniciativa de Ley Federal de Plaguicidas y Fertilizantes, la cual se equipararía con los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y a las legislaciones de nuestros socios comerciales, como Estados Unidos y Japón.

“Con una amplia discusión, que incluya una consulta ciudadana y científica, le daríamos justicia a México, y el marco normativo de plaguicidas sería no sólo enunciativo, tendría aplicación legal, mecanismos de cumplimiento, que es algo que nos ha faltado”, sostuvo Trujillo Arriaga.

Comentó que el marco regulatorio del país hoy está disperso en varias leyes, por lo cual es necesario promover la creación de una Ley en materia de Plaguicidas y Fertilizantes que evite el uso de plaguicidas ilegales, regule el cumplimiento de los Límites Máximos de Residuos en alimentos de consumo nacional y de exportación, que incluya los usos de emergencia y experimentales e instruya la reevaluación de productos con mucho tiempo en el mercado.

Víctor Suárez dijo que esta será “una tarea de la mayor relevancia estratégica, que generará un instrumento legal que actualmente no existe en el país y nos homologaríamos al nivel de los países más exigentes. Esto es significativo e histórico para la salud de los mexicanos”, enfatizó.

La reunión dio seguimiento a varias sesiones previas, en las que los participantes han configurado un grupo intersecretarial que en breve se formalizará y que prevé un trabajo continuo, en coordinación con la sociedad civil, con retroalimentación de grupos académicos y con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), como ente investigador.

Elvia Espinosa, de Cofepris, informó que en el proceso de cancelación de registros de moléculas y formulaciones de plaguicidas las instituciones de gobierno involucradas han trabajado de la mano con la Unión Mexicana de Formuladores y Fabricantes de Agroquímicos (UMFFACC), que agrupa a la mayoría de empresas productoras nacionales de plaguicidas, en tanto que las empresas transnacionales muestran buena voluntad para colaborar.

Señaló que la depuración de plaguicidas implicará una actualización del catálogo, y con ello se observará cuáles todavía deberán analizarse, de acuerdo con lo que marcan los convenios de Estocolmo, sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs), y el de Rótterdam, sobre el Consentimiento Fundamentado Previo Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional.

María Colín, por su parte, manifestó que para la sociedad civil resulta muy grato saber que el gobierno trabaja coordinadamente y en contacto con las organizaciones ciudadanas en favor de la salud pública y de la salud de los ecosistemas.

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