Integrantes del Consejo Universitario de Unidad, del Plantel 211 de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), en Puebla, denunciaron que autoridades estatales hicieron una destitución irregular de su director Andrés María Juvencio Bravo, en un momento de la vida de Puebla en que se genera inestabilidad política.

El día de ayer, explicaron, funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) le pidieron su renuncia al director bajo el argumento de que la administración estatal interina busca mejoras para la institución y que el caso ya se había discutido al interior de la secretaría.

Al conocerse que el director sustituto será José Alarcón Hernández, ex directivo del PRI en Puebla y antiguo operador político del ex gobernador Rafael Moreno Valle, hubo manifestaciones de descontento y durante la rueda de prensa en que se defendió la gestión de Juvencio Bravo, se mostraron pancartas contra la “imposición” de “mapaches electorales” y contra el uso electoral de la UPN.

 "Se expone (a la universidad) a condiciones y vaivenes políticos. En este momento no queremos pensar que quiera ser utilizada de manera electoral para desestabilizar el trabajo académico", dijo la académica Felisa Ayala Sánchez, integrante del Consejo.  

El repudio a la destitución también se manifestó en la decisión del Consejo Universitario de Unidad de respaldar al directivo cesado, con el consenso de las diferentes corrientes políticas de la universidad.

Según los inconformes, los propios estatutos de la UPN y su condición de institución descentralizada, indican que los directivos se eligen de una terna de sus propios académicos y un proceso electoral interno en el que participan alumnos y maestros.

 En el caso de Juvencio Bravo, llegó al cargo bajo este esquema en agosto del año pasado y su estadía al frente de la universidad estaba prevista hasta 2021.

 Su llegada, agregaron, supuso además un avance democrático, pues en los ocho años previos estuvieron dirigidos bajo funcionarios impuestos que se caracterizaron por un desconocimiento total de las actividades de la UPN y por estar enfocados en buscar posiciones políticas.

 "Desafortunadamente nos han nombrado funcionarios que desconocen la universidad, que no tienen experiencia educativa y que no tienen ningún interés, que van de paso por otros intereses políticos", señalaron.  

Si bien no tienen previstos paros ni otras acciones radicales, los funcionarios de la UPN  sí piden diálogo con autoridades estatales e incluso la intervención del gobierno federal.

Además de verse vulnerados su derecho a elegir directivos de una comunidad de más de 3 mil estudiantes y académicos en siete sedes distribuidas en Puebla, temen que el cambio de directivo genere retraso en titulaciones.

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