La contralora estatal Karen Berlanga Valdés aseguró que se analizan todos los casos en donde hay indicios de corrupción por parte del gobierno del estado, pero bajo la premisa de que las investigaciones “no son un mazo político ni de persecución”.

Berlanga refirió que no es posible asumir que los funcionarios actúan con maldad, al referirse a la etapa de transición entre el exgobernador José Antonio Gali Fayad y Martha Erika Alonso Hidalgo, quien falleció el 24 de diciembre, cuando tenía 10 días en el cargo.

La funcionaria participó este miércoles en una conferencia de prensa conjunta con la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) para presentar el “plan estatal de austeridad”, en la que sostuvo que se establecerán sanciones en caso de que haya responsabilidades de los servidores públicos en casos de corrupción.

Durante el acercamiento con medios de comunicación, la funcionaria aseguró que la Contraloría indaga casos en los que se han señalado posibles hechos de corrupción, como el pago de salarios injustificados en el Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla (Cobaep) o de cheques de docentes retenidos desde 2015 por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La contralora se refirió también a obras de la gestión del exgobernador Rafael Moreno Valle, como el Museo Internacional Barroco, ciclopistas ubicadas en la capital del estado y a la construcción de puentes vehiculares.

Berlanga indicó que se no se ha topado con dificultades por parte de los funcionarios estatales para recabar la información necesaria para las investigaciones, sobre todo al tomar en cuenta el abrupto cambio de administración tras el deceso de Alonso Hidalgo.

Puntualizó que es necesario analizar a fondo la información recabada y así ubicar posibles casos de corrupción a fin de deslindar responsabilidades.

No obstante, señaló que “a veces somos muy críticos o muy injustos”, al señalar actos fuera de la ley pero sin conocimiento de causa.

Como ejemplo, citó el caso de las expropiaciones de terrenos durante la gestión de Moreno Valle que hasta ahora no han indemnizados, pues comentó que esos procedimientos tuvieron el fin de generar obras turísticas que son un bien para el estado pero que levantaron señalamientos sobre posibles actos de corrupción.