La propuesta del Ejecutivo Federal de cancelar al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) está basada en que se le “percibió como un instrumento persecutor para el magisterio”. Aquí la gran interrogante legal, histórica y ética es si se puede eliminar una institución, con más de 16 años de vida, por una supuesta percepción respecto de la cual no se aporta evidencia alguna, señaló la consejera presidenta de este Instituto, Teresa Bracho González.

Durante su participación en el Análisis de la Iniciativa del Ejecutivo Federal con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3°, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, efectuado en la Cámara de Diputados, se preguntó si una percepción no fundada puede ser una prueba para tomar decisiones de esta envergadura.

Parece improcedente que un juicio sobre el INEE esté construido sobre mitos y mentiras, sin argumentos y que no toma en cuenta las tareas estratégicas que el Instituto ha realizado para el desarrollo educativo del país, enfatizó Bracho González.

Acompañada de los consejeros de la Junta de Gobierno de este instituto, Sylvia Schmelkes del Valle, Patricia Vázquez del Mercado Herrera y Bernardo Naranjo Piñera, afirmó que no contar con un organismo autónomo que evalúe de forma imparcial la educación, como está asentado en la Constitución, es volver al oscurantismo.

Resaltó que eliminar al INEE evitará que la sociedad cuente con información de qué hacen las autoridades educativas, federal y estatales, con más de 300 mil millones de pesos que se destinan a los servicios de la educación obligatoria, en beneficio de más de 30 millones de niños y jóvenes.

Ante los diputados destacó que la única causa que persigue este Instituto es la defensa de una educación de calidad con equidad para todos los mexicanos.

Para contribuir a ello, informó que el INEE ha suministrado información, indicadores y conocimiento puntual sobre todo el Sistema Educativo Nacional a través de documentos como el Panorama Educativo, ampliamente reconocido como una fuente de datos precisa y rigurosa; y que es el encargado de la aplicación de pruebas de aprendizaje internacionales como PISA, Formación Cívica y la que coordina la UNESCO, las cuales permiten hoy generar un referente  de nuestro sistema educativo con el resto del mundo, y saber que México se ubica por arriba de casi todos los países de la región latinoamericana en lenguaje y comunicación.

Además, ha realizado evaluaciones nacionales de aprendizaje de los alumnos y de las escuelas del país haciendo visibles los problemas y facilitando con ello las intervenciones públicas. A través de PLANEA hoy sabemos que ser niña no significa ser mala en matemáticas, abundó.

Aunado a lo anterior, recordó que este organismo autónomo ha formulado importantes recomendaciones de política pública basadas en evidencia sobre muchos problemas fundamentales de calidad y equidad educativas del país, como la estrategia de atención educativa a los hijos de jornaleros migrantes y  que, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, ha creado importantes espacios de interlocución y trabajo con las secretarías de educación de los estados para la generación de proyectos conjuntos como el de atención a escuelas multigrado.

Como parte de las tareas del INEE también resaltó la producción de información, recursos y herramientas para apoyar el trabajo en el aula y en las escuelas, así como la formación de programas de alto nivel para la mejora continua de la evaluación de la educación.

Luego de destacar esas acciones, se planteó las preguntas: ¿Qué tiene de punitivo lo anterior? ¿En dónde está el carácter persecutorio de lo realizado? Y ¿Qué tan alto será el costo para la educación del país dejar de realizar estas importantes tareas?

Bracho González subrayó: si lo punitivo está en las consecuencias que derivan de los resultados de la evaluación del desempeño de los maestros, es ahí a donde hay que poner la atención, en esas evaluaciones cuya ejecución y consecuencias no corresponden al INEE sino a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Finalmente, consideró que eliminar de la Constitución que el ingreso y promoción en la carrera docente se haga por concurso, pone en riesgo la transparencia en los procesos de asignación de plazas, y formuló la pregunta: ¿Quién llevaría a su hijo enfermo con un médico que compró o heredó su plaza, sin haber comprobado la preparación necesaria?