La detención y procesamiento por la justicia civil de cuatro integrantes de las fuerzas armadas acusados de la tortura y violencia sexual cometida en contra dos mujeres indígenas Me’phaa en Guerrero supone un importante paso hacia la justicia para las víctimas, afirmó hoy Amnistía Internacional.

Desde el año 2002, Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega  han luchado por su derecho a la justicia. Sin embargo, el  proceso que fue conducido en el ámbito de la justicia militar falló, como en otros casos, en realizar una  investigación eficaz  y como resultado ninguna persona rindió cuentas por estos abusos.

Ante la negación al acceso a la justicia, las dos mujeres acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo que  en el año 2010  emitió dos sentencias en  contra el Estado Mexicano, ordenando, entre otras medidas, una investigación por la justicia civil para asegurar que los responsables rindieran cuenta

Amnistía Internacional estableció que el procesamiento dentro del sistema de justicia civil de cuatro de miembros de las fuerzas armadas implicados en estas graves violaciones es un paso importante en cumplimiento de estas sentencias. Es el resultado de la larga lucha de las dos mujeres y otros defensores  y defensoras de los derechos humanos quienes las han acompañado.

Además, dijo, es evidencia de que la Procuraduría General de Justicia cuando se empeña a establecer la verdad y justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos,  puede empezar a romper el círculo vicioso  de la  impunidad que alienta nuevas violaciones.

No obstante, Amnistía Internacional está consciente  de que el procesamiento de los implicados se debe realizar conforme a las normas internacionales del derecho a un  juicio justo. Esto incluye el respeto de la presunción de inocencia de los acusados ante un tribunal imparcial que proteja los derechos tanto de las víctimas como los acusados. Por este motivo Amnistía Internacional llama al Poder Judicial de la Federación para que garantice un procesamiento efectivo e imparcial.

Asimismo, la organización recuerda a las autoridades que en virtud de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen el deber de reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar para asegurar que todas las violaciones a los derechos humanos cometidos por integrantes de las fuerzas armadas sean investigadas y juzgadas en instancias civiles.