La Fiscalía General de Justicia de Nayarit pidió quitarles el fuero constitucional a dos magistrados y a dos jueces, a los que se acusa de haberse coludido en un fraude para despojar de sus viviendas a 40 mil personas afiliadas al Infonavit.

Petronilo Díaz Ponce, fiscal de Justicia, aseguró que las denuncias indican que entre 2013 y 2018, servidores públicos, en complicidad de magistrados, jueces, un despacho de abogados, y un notario, ordenaron ejecuciones irregulares hipotecarias que afectaron a 40 mil viviendas de derechohabientes del Infonavit en Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco.

Los implicados en las ejecuciones irregulares hipotecarias podrían ser acusados de falsificación de documentos, fraude específico, tráfico de influencias, asociación delictuosa, cohecho y peculado.

Las investigaciones indican que los implicados simularon juicios en juzgados de Xalisco, Compostela y Bahía de Banderas y que permitieron la adjudicación y escrituración irregular de viviendas.

La primera operación irregular se realizó en 2013, 2014 y 2015 en juzgados de Xalisco y Compostela.

En los juzgados sólo existían una o dos personas demandadas, pero un despacho de abogados se dedicó a tramitar juicios en los que se demandó a miles de personas y se falsificaron constancias, no se les notificó ni se les emplazó a los demandados y no intervino el Ministerio Público.

Los juicios terminaron con una sentencia a favor del Infonavit y las viviendas se adjudicaron por un costo de 75 por ciento del valor del avalúo y la escrituración la realizó un notario coludido en el caso.

Los implicados volvieron a aplicar el mismo método en 2016, en dos juzgados de Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

Fabricaron expedientes irregulares y el despacho de abogados realizó los acuerdos y notificaciones. Con la documentación preparada, se la llevaron a los jueces y secretarios de acuerdos para que los firmaran.

Las autoridades solicitaron que la Judicatura de Nayarit investigue las irregularidades que habrían cometido los servidores públicos de su área, y los servidores judiciales, secretarios de acuerdos y notificadores.

Ismael González Parra, presidente del Tribunal de Justicia, afirmó que en caso de comprobarse las acusaciones, se les aplicará la ley a los jueces y magistrados que hubieran incurrido en algún delito.

Crédito de la foto @CongresoNayarit