La descentralización de secretarías que plantea el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha motivado una intensa polémica pues para algunos, como la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), impulsará la industria inmobiliaria del país.

En el otro polo, el plan se ve problemático y costoso, como lo expresó, Alfonso Santaella, presidente de la Junta de Gobierno del Inegi, quien ve desestabilización de las ciudades a donde se trasladen las secretarías federales, principalmente en materia de servicios como alumbrado y agua potable.

Los industriales inmobiliarios ven oportunidades y desarrollo

Según Alejandro Kuri Pheres, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), la descentralización generará desarrollo económico, financiero y mayor riqueza para ciudades como Puebla, a donde se trasladará la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Como inmobiliarios sabemos que estos programas provocan negocios, movimiento económico e impulso de la industria inmobiliaria para distribuir la riqueza”, sostuvo.

Señaló que una vez que comience el desarrollo de vivienda en las ciudades, estos proyectos tendrán que acompañarse de la generación de infraestructura eléctrica, drenaje y saneamiento, así como carreteras, generando así la derrama económica.

Recordó que Puebla es uno de los estados donde, en 2017, la actividad inmobiliaria repuntó 8%, el doble que la media nacional, situada en 4%.

Mudanza del gobierno federal impactará oferta de servicios

Entrevistado por aparte, Alfonso Santaella, presidente de la Junta de Gobierno del Inegi, advirtió de una posible desestabilización en las ciudades a donde se trasladen las secretarías federales, principalmente en materia de servicios públicos como alumbrado y agua potable.

Luego de participar en la firma de convenio con la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE) recordó que en 1986 el INEGI provocó un efecto similar en Aguascalientes, a donde llevó sus oficinas tras el sismo de 1985.

“Aguascalientes tuvo que prepararse para recibir a cerca de 2 mil 900 familias, que significaba 15 mil personas. Requirió un ajuste para laconstrucción de habitaciones, instalaciones eléctricas y de agua”, advirtió.

Agregó que el traslado de secretarías a las ciudades implicará gastos económicos y logísticos, ya que no sólo se requerirá vivienda nueva sino también alojamiento institucional para las oficinas de cada dependencia.

“Es un proceso complejo que requiere coordinación y también costos para hacer adecuaciones en infraestructura para las sedes. El gasto dependerá de las ciudades, de la capacidad de absorber gastos y resolver la situación”.

AMPI no ve colapso; INEGI señala que se requiere tiempo

Finalmente, Kuri Pheres, presidente de la AMPI, descartó que la salida de secretarías de la Ciudad de México genere problemas a la capital del país y, por el contrario, precisó que millón y medio de familias están insatisfechas con su vivienda, siendo esta propuesta una oportunidad para que accedan a una mejor casa.

“La Ciudad de México funcionará igual o mejor. Edificios que forzosamente quedarán vacíos tendrán que ocuparse por la iniciativa privada y donde no haya suficiente vivienda se tendrá que construir, el beneficio es para todos”, remató.

Alfonso Santaella recordó que los trabajos por el cambio de sede del Inegi  duraron tres a cuatro años y con las secretarías pasará algo similar, aunque reconoció que no será lo mismo cambiar la Secretaría de Turismo que la de Educación Pública.

“La descentralización del Inegi comenzó en 1986 y terminó en 1989, aproximadamente. Habría que dimensionarlo y reconocer que no se compara el cambio de sede de la Secretaría de Turismo con la SEP, son situaciones que requerirán amplio tiempo”, dijo.

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