Redacción/Animal Político

Un mes después de los sismos de septiembre en México, el entonces secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, visitó Paredón, en Chiapas. Se tomó selfies con los niños, les ofreció becas y se comprometió a reparar los daños. “Ninguna escuela afectada por los sismos quedará sin reconstruir”, dijo ante los maestros.

No fue cierto, no para todos y ni siquiera hay claridad sobre cuántas escuelas sufrieron daños y qué tan serios fueron. Además, hasta el 31 de mayo pasado apenas se habían hecho contratos por una décima parte del presupuesto asignado para las escuelas, el más grande del Fondo de Desastres Naturales (Fonden); y el 93% de los contratos se han seguido otorgando por adjudicación directa, incluso después de que la Secretaría de Gobernación determinara el fin de la emergencia.

Primero, antes de que se cumplieran tres meses de los sismos, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya había reducido en el papel el número de escuelas clasificadas con daños graves, sin que hubieran recibido atención ni una evaluación adecuada.

De las tres escalas de daño que se consideraron en septiembre –verde para las escuelas sin daños o con daños leves, ámbar para las de daño parcial, y rojo para las que tuvieron daño grave–, en octubre la cifra de las escuelas consideradas con “daño grave” se redujeron a menos de la mitad en los estados donde hubo afectaciones y a solo nueve planteles en la Ciudad de México.

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