Para exculparse y frenar el reproche de los ciudadanos, Martha Erika Alonso Hidalgo pidió la salida de Víctor Carrancá Bourget de la Fiscalía General del Estado (FGE), sentenció Luis Miguel Barbosa Huerta.

A decir del candidato a la gubernatura de la coalición "Juntos Haremos Historia", la exigencia que Alonso Hidalgo hizo al Fiscal General tras el asesinato  de la candidata a diputada local del PVEM, Juana Iraís Maldonado Infante, fue una"imprudencia" y una "orden" hacia el gobernador Antonio Gali Fayad.

Al concluir un mitin en la junta auxiliar de San Francisco Totemihuacan, Barbosa Huerta señaló que las deficiencias que presenta el estado en materia de seguridad son responsabilidad de personajes ligados e impuestos por el morenovallismo como Diódoro Carrasco Altamirano y Jesús Morales Rodríguez, titulares de las secretarías General de Gobierno (SGG) y de Seguridad Pública (SSP).

"Ella lo que busca (es) exculparse, deslindarse de una culpa y censura, que va a generarse en toda Puebla en contra de la inseguridad. Hay que recordar que todo el esquema de seguridad pública en Puebla es morenovallista; el fiscal general, Víctor Carrancá, proviene del morenovallismo; Jesús Morales proviene del morenovallismo y el propio Diódoro Carrasco proviene del morenovallismo. Lo que están buscando son esquemas de salida. Esto va a crecer a nivel muy fuerte de reproche, de cesura. Actúan con esa ligereza. No le queda a ella hacer este tipo de asevaraciones cuando ellos son los responsables; el morenovallismo  es el responsable".

Sobre la posible dimisión de Carrancá Bourget, manifestó que existe un procedimiento en el que se involucra al Congreso del Estado y no sólo depende del Ejecutivo.

Apostó porque Gali Fayad  solicite la renuncia de Carrasco Altamirano y Morales Rodríguez para quitarse la "sombra negra del morenovallismo". 

De la propuesta del titular de la SGG para que los candidatos porten un GPS, consideró que la medida es viable, pero que no resuelve la problemática de inseguridad que existe en el estado, la cual ya evidenció la colusión entre los mandos policiacos y la delincuencia organizada.