El gobierno de Puebla no ha iniciado ninguno de los 65 procedimientos de responsabilidades administrativas que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le solicitó durante 2017 en contra de servidores públicos, por detectar anomalías en el gasto federal.

Estos procedimientos se inician cuando se detectan omisiones o anomalías en el gasto público que no se han podido aclarar, y son el paso previo a la presentación de denuncias de hechos.

Así lo reportó el máximo órgano fiscalizador en un informe que los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) presentaron al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), documento en el que se da cuenta de los avances en la fiscalización de recursos federales y locales.

Este es el primer informe que se rendirá ante el SNA,  mediante el que se podrá determinar el avance que presenten las labores de fiscalización de los recursos federales y locales.

No dan trámite a los procedimientos

De acuerdo con los datos presentados, durante 2017 se realizaron 30 auditorías directas en Puebla –que estuvieron a cargo únicamente de la ASF– y otras 10 conjuntas con las autoridades estatales, particularmente con las secretarías o instancias encargadas del control interno. Las primeras derivaron en 79 observaciones, y las segundas en 65.

Según el reporte, se han atendido 66 de las 79 observaciones hechas a las revisiones directas, por lo que están pendientes 13, mientras que de las segundas no se ha dado trámite a ninguna.

Las auditorías directas generaron 44 procedimientos de responsabilidades administrativas, de los que ya se iniciaron en la totalidad de los casos, sin embargo las auditorías conjuntas propiciaron 65 procedimientos y a la fecha del informe no se había iniciado ninguno.

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Según se indica en el reporte, no todo hallazgo de auditoría significa la comisión de una irregularidad; sin embargo, la fiscalización proporciona evidencias documentales de fallas u omisiones que es preciso atender para no generar espacios para actos de corrupción.

El SNA entró en vigor en el país en julio de 2017. A nueve meses de distancia, la ASF reportó que existe insuficiencia de recursos financieros derivada de las restricciones presupuestales. Además de que las modificaciones al marco legal local, generadas por las reformas en materia anticorrupción, significan cambios en la frecuencia de presentación de los resultados de las auditorías.

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