Un tanto extraña resulta la reacción de cuatro diputados locales del PRI frente a la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal que pretende modificar la estructura jurídica de las juntas auxiliares para convertirlas en organismos descentralizados del ayuntamiento.

Ernesto Leyva Córdova, Lauro Sánchez López, Gerardo Mejía Ramírez y Edgar Salomón Escorza han emprendido una cruzada política y mediática en contra del documento llevado a comisiones el miércoles pasado.

Se sabe que estos legisladores han buscado a algunos de sus compañeros de partido que ocupan un lugar en el Congreso de la Unión para intentar la suma de fuerzas.

Que por separado han visto a la senadora Blanca Alcalá Ruiz y a los diputados federales Ana Isabel Allende Cano, Carlos Sánchez Romero y Javier López Zavala.

Que junto con ellos, o además de ellos, han recurrido también a personajes del partido con relaciones en la capital del país como Guillermo Deloya Cobián.

De Deloya, por ejemplo, quien es presidente nacional del ICADEP y amigo personal de César Camacho Quiroz, esperan la intervención para recibir el manto protector del CEN.

Así de movidos andan los cuatro priistas.

Y todo, como argumentan, con el objeto de salvaguardar los derechos jurídicos de las autoridades auxiliares y preservar su espíritu federalista.

No está mal que los diputados locales del PRI busquen y encuentren motivos sociales de lucha en la recta final de la legislatura.

De hecho, eso es lo que se esperaba de ellos desde que rindieron protesta el 15 de enero de 2011.

Como opositores que serían, se pensaba, se creyó que tomarían banderas de este tipo una vez instalados en el Congreso del Estado.

No lo hicieron.

Por eso, que lo hagan ahora, de manera muy tardía, llama la atención.

Pero lo que más asombra es que hayan decidido asumir una pelea legislativa de la que no saldrán victoriosos.

Me explico.

Para que la iniciativa de reforma se convierta en ley se requiere ganar la votación del pleno por mayoría simple, es decir, con la mitad más uno de los diputados presentes en la sesión.

Eso está garantizado.

Los legisladores del PAN van todos, lo mismo que los del PRD, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo.

Con ellos bastaría para poner freno a la revuelta del PRI.

Pero hay más.

Súmele los tres del Partido Verde Ecologista que ya le guiñaron el ojo a René Meza Espejel, director de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría General de Gobierno, y los cinco priistas que dizque se fueron de la fracción para luego regresar pero que en realidad no responden a los intereses políticos de su partido.

Con ocho o nueve diputados en pie de guerra no le alcanzará al partido tricolor para ganar el debate y mucho menos la votación.

De ahí que extrañe la virulencia con que se ha conducido ese partido en el tema de las juntas auxiliares.

Los priistas elaboran una contrapropuesta legislativa que presentarán esta semana en el pleno, una contrapropuesta que seguramente verá el mismo destino que aquella iniciativa que pretendía otorgar el 40 por ciento de las candidaturas en los ayuntamientos a las mujeres: el cesto de la basura.

Algo así como un milagro es lo que necesitan los tricolores esta vez.

Y mientras lo buscan, mientras se entretienen y hacen ruido tratando de hallar el remedio contra la reestructura jurídica de las juntas auxiliares, el resto de las fracciones, principalmente las del PAN y Nueva Alianza, seguirán adelante en el cocimiento de una tarea, ésta sí, muy relevante: la definición de los límites territoriales entre Puebla y San Andrés Cholula.

El conflicto limítrofe entre estos dos municipios es más importante que las juntas auxiliares.

Así que no vaya a llamarse sorprendido si el pleno del Congreso resuelve la disputa de territorios antes que reformar la Ley Orgánica Municipal.

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A la lista de personajes que han levantado la mano para encabezar el Comité Directivo Estatal del PRI a la salida de Pablo Fernández del Campo, cuando sea que ésta se dé, hay que agregar el nombre de Carlos Meza Viveros.

Cuentan que este abogado litigante, que tiene una larga trayectoria en el tricolor y que ha sido presidente del comité municipal en Puebla, se ha acercado a varios políticos de regular influencia en el Comité Ejecutivo Nacional para confesar sus aspiraciones.

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Roxana Luna Porquillo logró este fin de semana que el Congreso Nacional del PRD emitiera un pronunciamiento en contra de la Ley de Agua del estado de Puebla por permitir la concesión de los sistemas operadores a la iniciativa privada.

Además de solicitar ese posicionamiento, la diputada federal pidió al mandamás del perredismo, Jesús Zambrano, que la respalde frente a las presuntas amenazas e intimidaciones que ha recibido desde la administración estatal.

Lo que la legisladora ya no dijo fue que sus verdaderos enemigos políticos están dentro del partido en el que milita, no afuera.

Hasta donde se sabe, y de eso hay constancia pública, es Eric Cotoñeto Carmona, líder estatal del PRD, quien ha emprendido la expulsión de la diputada de las filas del partido por apoyar a un candidato del PRI en las pasadas elecciones locales, y ha sido también él quien la ha acusado por la supuesta comisión de diversas irregularidades en su desempeño legislativo.

La disputa es entonces con Cotoñeto.

Si Zambrano quiere respaldar a la legisladora, que empiece por remover al dirigente.

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