La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobierno del Estado de Puebla por fallas en el caso del linchamiento de los hermanos Copado Molina en el municipio de Ajalpan, pues a más de dos años no se les ha indemnizado.

En el mismo documento, se expuso que la autoridad no ha aplicado el "Protocolo para la búsqueda de soluciones pacíficas, el diálogo y el respeto a los derechos humanos", lo que ha derivado que en los últimos cuatro años se hayan registrado 16 linchamientos que derivaron en la muerte de seis personas.

Fue este miércoles cuando el máximo órgano en procuración de derechos humanos  notificó al gobierno de Puebla, encabezado por Antonio Gali Fayad, sobre la recomendación 78/2017, la cual derivó en la creación del oficio de queja CNDH/2/2015/913/Q, misma que se abrió desde el 5 de noviembre del 2015 ante la trascendencia del hecho.

Cabe señalar que la fecha en que se registró el linchamiento, el gobierno estatal estaba a cargo de Rafael Moreno Valle Rosas, la Secretaría de Seguridad Pública era encabezada por Jesús Rodríguez Almeida y el municipio por Gustavo Lara Torres.

Durante los más de dos años de investigación, el organismo detectó que hubo omisión de actuaciones tanto por parte del gobierno estatal como del municipal, ya que la noche del 19 de octubre de 2015 no hubo coordinación ni trabajo que hiciera suponer que se trató de evitar el linchamiento de Rey David y José Abraham Copado Molina.

"Tras concluir su investigación, constató la omisión de la autoridad municipal, que no solicitó apoyo a corporaciones de seguridad pública de municipios aledaños y a la Policía Estatal, desde el momento en que se tuvo conocimiento de la intención de la población que se aglomeraba al exterior de la comandancia para linchar a los dos hombres", concluyó la CNDH.

La misma investigación arrojó que cuando la Policía Municipal de Ajalpan llegó a la plaza donde eran linchados los hermanos que trabajan realizando encuestas, uno de ellos aún tenía vida, pero al ser agredidos por la población, decidieron replegarse y tampoco recibieron ayuda de la Policía Estatal.

En lo que hace al gobierno municipal de Ajalpan encabezado por Gustavo Lara Torres, la CNDH dijo que este fue omiso para intentar frenar a sus gobernados, ya que a pesar de estar a menos de 10 minutos del lugar, llegó casi 4 horas después de que la población le prendió fuego a los jóvenes encuestadores.

Exhortan a Gali a crear fideicomiso para pagar educación

Como parte de las recomendaciones emitidas, la CNDH exhortó al gobernador Antonio Gali Fayad a crear un fideicomiso que garantice educación para los hijos de las víctimas hasta el nivel superior, incluyendo la entrega de uniformes y útiles escolares para continuar con su educación.

Mientras que, tanto el Ayuntamiento de Ajalpan como el Estatal, deberán de inscribir a las familias de Rey David y José Abraham al Registro Nacional de Víctimas, a fin de que accedan a la reparación integral del daño.
Mientras que por parte de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría General de Gobierno y la Contraloría de Ajalpan, deberá de dársele seguimiento a las denuncias que en su momento hayan sido presentadas en contra de aquellos servidores públicos que no cumplieron con su deber el día del linchamiento.

En 4 años, seis personas linchadas

El documento de la CNDH reveló que de acuerdo con datos oficiales, en los últimos cuatro años se han registrado en Puebla 16 linchamientos en contra de 21 personas que en su momento han sido acusadas por turbas de pobladores de algún delito, sin que necesariamente se haya comprobado el mismo.

De esas 21 personas llevadas ante la justicia social, seis han perdido la vida; situación que la CNDH atribuyó a la falta de un Diagnóstico de la Operatividad del Centro Coordinador de Seguridad Pública y del Servicio de Llamadas de Emergencia del Estado, mismo que la SGG deberá de realizar lo antes posible.

Este diagnóstico irá acompañado de jornadas de cultura legislativa en las poblaciones con más casos de linchamiento, a fin de sensibilizar a la población, esto con ayuda de los diversos medios de comunicación.
Mientras que en el plano legislativo, se debe de iniciar con los trabajos para armonizar la Ley de Protección a las Víctimas para el Estado de Puebla con la Ley General de Víctimas; la publicación de su Reglamento en el Periódico Oficial del Estado, y poner en operación la Comisión Estatal de Víctimas y los Fondos de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos.

Estás recomendaciones deberán de ser enviadas también a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), a fin de que se actualicen las capacitaciones correspondientes a los funcionarios para prevenir casos de linchamientos.

SGG se compromete a atender recomendaciones

Al respecto, el secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, anunció que el gobierno del estado atenderá la recomendación de la CNDH, aunque contrario a las cifras del organismo, consideró que se han logrado disminuir los casos de linchamiento en la entidad.

"Lo que está planteando básicamente es un asunto de omisión por parte de autoridades municipales y estatales de ése entonces. Esto está siendo revisado por la consejería jurídica del gobierno del Estado (...) con las aclaraciones pertinentes, la recomendación seguramente será aceptada", dijo el funcionario en entrevista.
Agregó que se ha avanzado en el protocolo específicos para la búsqueda de soluciones pacíficas, el cual reconoció que apenas se puso en marcha en 2017; además de que se instará a que el Congreso analice la armonización de la Ley de Víctimas, como lo solicitó la CNDH.

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