Seis ediles auxiliares y el exsecretario de Gobernación municipal en 2013, Eduardo Alcántara Montiel, figuran entre los 203 funcionarios sancionados por la Contraloría Municipal de Puebla entre 2015 y 2017.

Cabe señalar que la mitad de las sanciones son en contra de policías, por detenciones indebidas, la presentación de documentos falsos, abusos de autoridad, agresiones físicas y hasta el extravío de armas de fuego.

Dos de cada cinco sanciones que la Contraloría capitalina impuso durante la actual administración municipal consisten en amonestaciones públicas o privadas, las cuales se encuentran entre las penas más blandas que la ley contempla.

Los castigos más severos, como destituciones e inhabilitaciones temporales de servidores públicos, han sido mínimos, pues equivalen al 15 y al 23 por ciento, respectivamente, del total.

Apuestan por bajas sanciones

Desde 2014 la Contraloría municipal ha establecido 259 sanciones, de las que 120 fueron amonestaciones, 65 de ellas públicas y 55 privadas.

Esta figura es una de las penas más blandas que contemplan la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sin embargo la Contraloría recurrió a ellaen el 46 por ciento de los casos.

La mayoría de las amonestaciones está dirigida a policías (40), así como a analistas y auxiliares (39). Ambas categorías concentran 79 de los 120 procesos.

Inhabilitaciones, ni la cuarta parte 

En contraste, las inhabilitaciones para ocupar cargos sumaron 59, que representan el 23 por ciento del total. En este apartado sobresalen Juan Gilberto Ruíz Flores, José Rogelio Cornelio Merino Coba, Sabino Leonardo Báez Serrano, que se desempeñaron como ediles de las juntas auxiliares de San Jerónimo Caleras, Santa María Xonacatepec y La Resurrección, respectivamente.

El primero fue sancionado por expedir documentos sin tener facultades, el segundo no solventó las observaciones que derivaron de una auditoría, mientras que el tercero ocupó un vehículo oficial para asistir a una manifestación en contra del retiro de los juzgados civiles, en octubre de 2014, hecho por el que también permaneció un año en prisión, aunque fue acusado de peculado.

Destaca también el caso de Eduardo Alcántara Montiel, quien en abril de 2013 fue secretario de Gobernación.

Sin embargo el exfuncionario fue inhabilitado temporalmente porque no dio seguimiento a un choque vial en el que intervinieron dos analistas que estaban a su cargo cuando laboraba como director de Atención Vecinal, y ello provocó que un vehículo desapareciera.

Policías, la mayoría de los destituidos

La Contraloría removió de sus cargos a 38 personas, de las que 30 fueron policías que intentaron extorsionar o que abusaron de su fuerza y de su cargo para agredir a los ciudadanos, cuando estos intentaron grabarlos con un teléfono celular.

La lista la encabeza Sabino Leonardo Báez, edil de La Resurrección, y la complementan cuatro analistas que fueron sorprendidos conduciendo automóviles del ayuntamiento pese a que estaban ebrios, así como un barrendero y coordinadores técnicos, entre otros.

Del resto de las sanciones, otras 23 fueron sanciones económicas. En la lista sobresalen dos presidentes auxiliares: Trinidad Sánchez Ramírez (San Pablo Xochimehuacán) y Juan Gilberto Ruiz Flores (San Jerónimo Caleras), así como un regidor de San Francisco Totimehuacán José Antonio Cabañas Vélez.

En otros 19 casos, la pena dictada fue la suspensión temporal de los acusados, de los que 13 fueron policías.

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