Ernesto Cordero Arroyo, presidente del Senado, aseguró que la Ley de Seguridad Interior no militarizará el país y que no será aprobada en fast-tracck.

El panista aseguró que desde hace varios años su partido impulsó la ley para que se regularan las labores que ya realizan las fuerzas armadas en el territorio nacional.

El ejército y la Marina realizan labores de seguridad pública en zonas en las que las policías no tienen los recursos para hacerlo y necesitaban un marco jurídico.

El presidente del Senado aseguró que el PAN impulsó la Ley de Seguridad Interior, pero que cuando Ricardo Anaya se alió con el PRD dejó de apoyarla.

“Comenzó el amasiato con el PRD y se le olvidó”.

Ernesto Arroyo le dijo al periodista Ciro Gómez Leyva que los gobernadores panistas están de acuerdo con la Ley de Seguridad Interior, con excepción de Javier Corral, gobernador de Chihuahua.

Aseguró que la ley está en análisis porque representa un avance y reconoció que aún es perfectible.

“Deja claro el respeto a los derechos humanos y reglamenta la actuación de las Fuerzas Armadas”.

El jueves 30 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Seguridad Interior y la envió al Senado de la República.

En el documento se indica que cuando los municipios soliciten la aplicación de la Ley de Seguridad Interior se deberá establecer una fecha límite, la cual no podrá rebasar un año.

“La Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior deberá fijar la vigencia de la intervención de la Federación, la cual no podrá exceder de un año”.

“Agotada su vigencia, cesará dicha intervención, así como las Acciones de Seguridad Interior a su cargo. Las condiciones y vigencia de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior podrán modificarse o prorrogarse, por acuerdo del presidente de la república, mientras subsista la amenaza a la Seguridad Interior que la motivó y se justifique la continuidad”.

Los diputados indicaron que en los estados en los que ya están las fuerzas militares, las autoridades tendrán un plazo de 90 días pasa solicitar la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.

En el documento se establece que quedará prohíbo utilizar la Ley de Seguridad Interior en casos de manifestaciones no violentas.

Los diputados precisaron que la preservación de la seguridad interior no implica la restricción o suspensión de derechos y garantías.

“Permitirse una represión de ese tipo, la misma sería contraria a lo establecido en los artículos 1º, 7 y 9 de la Constitución, pues la preservación de la seguridad interior no lleva aparejada de forma alguna la restricción o suspensión de derechos y garantías”.

Crédito de la foto pan senado - Senado de la República