La ciudad de Puebla se encuentra en el primer lugar a nivel nacional en número de embarazos de niñas entre 10 y 14 años, según datos del Consejo Estatal de Población del Estado de Puebla.

Esta situación es alarmante, ya que organizaciones de la sociedad civil como El Taller A.C., Centro de Sensibilización y Educación Humana A.C., REDefine Puebla y Equilátera A.C. señalan que estos embarazos son producto de violencia sexual, problema que tampoco ha sido atendido por el estado.

Otras cifras que preocupan a las organizaciones que defienden a las niñas de embarazos no deseados, y que por su edad son considerados de alto riesgo, son que de cada 1,000 nacimientos en México 77 son de mujeres entre los 15 y 19 años.

En 2015 a nivel federal se presentó la Estrategia Nacional para la Prevención del embarazo en Adolescentes (Enapea) y a la par en Puebla se conformó el Grupo Estatal para Prevenir el Embarazo Adolescente (Gepea).

Ambas iniciativas hasta la fecha no cuentan con resultados contundentes en los temas para los que fueron creados, además de que las organizaciones de la sociedad civil desconocen la metodología y reclaman no haber sido incluidas en la construcción de la estrategia y el proceso de selección de las y los integrantes del grupo de trabajo.

Las organizaciones explicaron que en el apartado 7 del Gepea se estipula que “dicho grupo deberá ser integrado por la persona responsable, funcionario o funcionaria del centro de salud, de los planteles de educación básica y media superior, del Sistema Municipal DIF y se invitará a al menos tres representantes de organizaciones de base comunitaria, entre otros”, ante lo cual cuestionaron si en verdad estos tres representantes se encuentran en el grupo y en caso de que sí, cómo es que se convocaron y eligieron.

Estado cómplice del embarazo adolescente

A la par de las preocupantes cifras, las organizaciones reportaron que los centros de salud no se encuentran debidamente abastecidas de métodos anticonceptivos y que cuando los jóvenes llegan a solicitarlos son cuestionados, lo cual abona a que sus primeras relaciones sexuales sean sin el uso de algún método anticonceptivo.

Además de que en los casos de embarazo en menores de edad producto de violencia sexual, el estado, a través de las instituciones de salud, debió proporcionar atención médica, así como profilaxis para la prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS) y el proceso de interrupción del embarazo. Lo anterior está estipulado en el artículo 343 del Código Penal del Estado de Puebla.

Las organizaciones también reprocharon que el personal a cargo de las instituciones de servicios de salud no está sensibilizado en temas de embarazo adolescente producto de violencia sexual, lo cual deriva en la continuación de estos, incurriendo en otro tipo de violencia de Estado que obliga a las mujeres a ser madres en contra de su voluntad.

Campaña #NiñasNoMadres

En el mes de octubre la organización Niñas no madres http://ninasnomadres.org/, colectivo integrado por más de 100 organizaciones especialistas en derechos de la infancia y reproductivos, presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la difícil situación que atraviesan las niñas en la audiencia “Violencia sexual contra niñas de América Latina y el Caribe”.

En México, según datos del Ministerio de la Mujer, 4 de cada 10 niñas menores de 15 años fueron víctimas de abusos sexuales, lo cual derivó en que en 2015 cerca de 10 mil niñas entre  10 y 14 años se convirtieran en madres.

El embarazo en niñas es un problema grave que limita el crecimiento tanto físico como personal de las mujeres, situación que además no fue elegida libremente, además de evidenciar el grave problema de la violencia sexual hacia las niñas.

El embarazo a temprana edad además de poner en riesgo la vida de las niñas provoca depresión, las hace susceptibles de enfermedades frecuentes, perpetua el ciclo de la pobreza y les quita la oportunidad de desarrollarse personalmente, esto según los informes de #NiñasNoMadres.