La Comisión de Gobernación de la cámara de diputados aprobó el dictamen de la Ley de Seguridad Interior que regulará la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública

El dictamen se aprobó con 18 votos del PRI, PVEM, NA, PES y 13 en contra del PAN, PRD, Morena y MC.

El documento se envió a la Mesa Directiva para su discusión y votación en el Pleno de la Cámara de Diputados.

La ley de Seguridad Interior indica que las Fuerzas Armadas sólo participarán en tareas de seguridad pública cuando los diversos niveles de gobierno no tengan la capacidad de hacerlo.

Las fuerzas estales y federales serán las encargadas de aplicar la Ley de Seguridad Interior cuando la gravedad de la situación lo amerite y como último recurso del Estado.

Mercedes del Carmen Guillén, presidenta de la Comisión de Gobernación, indicó que la aprobación de la ley no representa la militarización del país.

“No conlleva a la militarización del país. Toda intervención de fuerzas federales y de fuerzas armadas estará sujeta a una temporalidad específica que no podrá exceder de un año, y únicamente podrá modificarse o prorrogarse por acuerdo del presidente de la república, y sólo cuando subsista la amenaza a la seguridad interior que la motivó y se justifique la continuidad de las acciones de seguridad interior”.

Aseguró que la Ley de Seguridad Interior no podrá ser utilizada para la represión social, ya que en su ejercicio se aplicará la legalidad y la responsabilidad.

“Se observarán en todo momento los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales”.

El panista Jorge Triana indicó que la Ley de Seguridad Interior intenta convertir la excepción en regla, porque la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública debería ser extraordinaria.

Afirmó que organizaciones civiles del país e internacionales se han pronunciado contra esta ley porque se asignan a las Fuerzas Armadas labores que corresponden a la policía civil.

“El riesgo de aprobar esta ley sin tener una reforma policiaca adecuada es enorme, pues no contempla la obligación de mandatarios estatales y municipales de invertir en capacitación de sus cuerpos policiacos y prevalece el riesgo por abuso que puedan tener las Fuerzas Armadas por llevar a cabo labores exclusivas de la policía civil”.

El diputado perredista Rafael Hernández Soriano pidió eliminar el dictamen de la Ley de Seguridad Interior y denunció que es inconstitucional.

“(Se asegura que) las acciones desarrolladas por la aplicación de esta legislación no pretenden sustituir a las autoridades de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias y responsabilidades; sin embargo, sí se establece el carácter subsidiario de las acciones, lo que resulta una contradicción en sí misma”.

“Lo anterior, evidentemente, constituye una ruptura del Estado de derecho, cuya gravedad no puede ser mesurada en este momento en que la violencia en el país rompe récord al alza”.

Rocío Nahle García, diputada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aseguró que votó en contra de la Ley de Seguridad Interiorporque su partido no está de acuerdo con que el Ejército y la Marina hagan el trabajo de seguridad pública.

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