Este año en los meses de junio y julio el diario The New York Times publicó una investigación en la que se dan a conocer casos de espionaje en contra de activistas y periodistas. En la investigación periodística se muestran elementos con los que se puede suponer que el espionaje pudo haber venido desde el gobierno federal mexicano. Hasta la fecha nadie del gobierno federal ha dicho algo que abone al tema.

Carlos Brito, director de Incidencia de la Red por los Derechos Digitales R3D, organización que junto con otras se han encargado de desmenuzar el tema platicó con e-consulta en relación a los avances que hay en la investigación del caso de espionaje ilegal en México.

Las investigaciones realizadas por R3D se han llevado a cabo en conjunto con las personas que fueron objeto de espionaje, como Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui, Rafael Cabrera, entro otros periodistas y defensores de derechos humanos cuyos dispositivos fueron infectados utilizando el malware Pegasus.

Las organizaciones se han encargado de juntar todos los elementos posibles para tener los argumentos de que, en efecto, el espionaje ilegal vino desde el gobierno federal. Sin embargo esta es una hipótesis que aún debe probarse.

Brito comentó que la autoridad encargada de la investigación (la Procuraduría General de la República) aún se encuentra investigando y completando un expediente que pueda dar certeza de que el caso se está siguiendo de manera adecuada.

Sin embargo, a juicio de la R3D, uno de los mayores problemas es que tanto la PGR como la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle), es que son instituciones que están plagadas de corrupción e impunidad.

Para hacerle frente a los obstáculos que se han presentado en relación a la investigación, las organizaciones están conformando un panel de expertos nacionales y extranjeros que ayuden a verificar que la lógica en la que está investigando la PGR es adecuada frente al caso.

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