El gobierno de España propuso cesar a Carles Puigdemont, presidente de Cataluña, y a todos los consejeros y llamar a elecciones antes de 6 meses.

La propuesta está basada en el artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad en la región autónoma de Cataluña.

El gobierno español decidió aplicar la Constitución debido a que Carles Puigdemont declaró el jueves que si no había diálogo el parlamento catalán podría votar a favor de la independencia de Cataluña.

En el artículo 155 de la Constitución española se indica que cuando una región se aparta de la legalidad establecida, el gobierno debe aprobar un decreto para asumir las facultades regionales.

Para que el decreto pueda ser aplicado, debe ser aprobado por el Senado español con una mayoría absoluta.

Mariano Rajoy, presidente español, afirmó que se debe restablecer la normalidad, mantener la recuperación económica y celebrar elecciones en Cataluña.

Si España destituye al presidente de Cataluña y a todos los consejeros, se deberán nombrar órganos gubernamentales que sustituyan las funciones de los que serían removidos.

El gobierno español podría limitar las funciones del parlamento catalán y le impediría que proponga un candidato a la presidencia de Cataluña ni le permitiría celebrar debates

El parlamento catalán se vería impedido para tomar medidas que contravengan los ordenamientos de las Constitución ni al Estatuto de Autonomía y el gobierno español tendría un mes para vetar las decisiones de la cámara catalana.

La región de Cataluña intenta independizarse de España y convertirse en un país por motivos económicos y culturales.

La dirigencia política catalana argumenta que aporta en producción más de lo que recibe en ingresos y que el desequilibrio provoca un malestar social en la región.

Crédito de la foto La Jornada