Tras anunciar que este jueves se enviará al Congreso de Puebla la iniciativa de reforma a la Ley de Transporte en el estado, para regular a las Empresas de Redes de Transportes (ERT), el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Diódoro Carrasco Altamirano, delineó cuatro de los aspectos que tendrán que cumplir firmas como Uber y Cabify para poder brindar sus servicios en Puebla.

"Uber y las demás empresas con esas características tendrán que respetar y apegarse a las nuevas características y disposiciones legales", advirtió en entrevista.

Las disposiciones legales consisten, básicamente, en cumplir con los protocolos de controles de confianza de quienes prestan este servicio a los usuarios de Puebla; además con los protocolos de seguridad que se establecerán para el interior de los vehículos que ofrezcan el servicio de transporte ejecutivo.

"Con estos protocolos se vigilará el ascenso y descenso de los usuarios, aprovechando la plataforma desarrollada que tienen. Hay enorme disposición de las empresas para sumarse a esta tarea", dijo, al señalar que ha tenido reuniones con directivos de Uber y Cabify.

Dentro de la normativa que se planteará en la iniciativa de reforma, Carrasco Altamirano informó que se implementarán mecanismos de supervisión, revisión y temporalidad en padrones de choferes, calificaciones de competencia por los usuarios, cuyos informes tendrá que rendirlos las empresas a las autoridades responsables.

Asimismo, adelantó que se diseñarán campañas permanentes de vigilancia a los servicios que prestan estas empresas. Subrayó que no se trata de inhibir la participación de estas empresas entre los jóvenes, sino de regularlas, "las aplicaciones las verán en la iniciativa legal (...) El regreso de Cabify dependerá del cumplimiento de requisitos", sentenció.

El pasado 18 de septiembre, el propio Carrasco Altamirano anunció la revocación de la concesión en Puebla a la empresa Cabify, después de que sus protocolos de seguridad y filtros para personal quedaron exhibidos con la contratación del presunto feminicida de la joven Mara Fernanda Castilla Miranda.

Además se reveló que el operador contaba con antecedentes penales, ya que había sido sorprendido transportando combustible de procedencia ilícita, lo cual es un delito federal.

Sin embargo la empresa cuestionó que aún con ese historial, la Fiscalía General del Estado de Puebla le entregó una carta de no antecedentes penales con la cual pudo darse de alta como chofer en Cabify.

Apenas el martes, el gobernador Antonio Gali indicó que se analizará el estatus legal de Uber así como otras empresas similares que operan en la entidad, después de que uno de sus choferes también está involucrado en el asalto y asesinato de la estudiante Mariana Fuentes Soto.

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