Al dictar la primera sentencia de los dos juicios de amparo que Eduardo Rivera Pérez presentó contra su inhabilitación, el Juez Tercero de Distrito determinó sobreseer el proceso 553/2017 y advirtió que el atraso con el que el Congreso del Estado resolvió sobre la cuenta pública 2013 vulneró los derechos humanos del panista.

El fallo del juez federal deja intacta la medida cautelar para que el nombre de Rivera Pérez no aparezca en el Registro Nacional  y Estatal de Servidores Públicos Sancionados, luego de que en abril la LIX Legislatura aprobó inhabilitarlo para ocupar un cargo por 12 años y multarlo con  25.5 millones de pesos.

La determinación deja a salvo los derechos políticos del panista y abre la puerta para que pueda participar en el proceso electoral de 2018, en el cual Rivera Pérez aceptó su interés de contender como candidato a la gubernatura.

Primer juicio fue contra anomalías del Congreso

En marzo, Rivera Pérez emprendió la defensa legal ante el Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (IPADR), que el Congreso avaló en diciembre de 2016 por su cuenta pública 2013.

El amparo 553/2017 fue en contra del incumplimiento del Congreso y la Auditoría Superior del Estado (ASE) para responderle, en un plazo máximo de 30 días, si solventó las observaciones hechas a su cuenta pública.

Aunque el juez se tardó siete meses en dictar una sentencia a dicho juicio de amparo, advirtió que la demoracon la que los legisladores locales resolvieron el proceso de fiscalización contra Rivera Pérez vulneró sus derechos humanos.

“El juicio de amparo sobreseído, quiere decir que el juez consideró que la caducidad debe estudiarse en el segundo amparo, lo cual no fue impedimento para que el juzgador observara que el atraso que cometió el Congreso del Estado para resolver la cuenta pública 2013, haya vulnerado los derechos humanos de Eduardo Rivera Pérez”, refiere el comunicado del panista.

Mantiene Rivera un segundo juicio

Tras la aprobación de su inhabilitación y sanción económica, el ex alcalde de Puebla promovió un segundo juicio de amparo, identificado como el 943/2017, recurso con el que busca dejar sin efecto la determinación de los diputados locales.

Este proceso se encuentra suspendido, luego de que el Juez Tercero de Distrito emitió un acuerdo el 10 de agosto, el cual refiere que la ASE presentó una demanda ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito que se registró como el expediente 167/2017.

Antes de la suspensión del juicio de amparo 943/2017, la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) notificó al panista que ejecutaría el embargo de sus bienes para cubrir la sanción económica impuesta por el Congreso del Estado,  pero Rivera Pérez anunció que su equipo jurídico estudia cuál sería la  estrategia legal a emprender para frenar el decomiso.

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