En el estado de Puebla, la Fiscalía General del Estado (FGE) es una de las dependencias que más recomendaciones ha recibido por parte del organismo estatal de procuración y protección de los derechos humanos, advierte la bancada del PRI en el Senado de la República.

Ello, debido a diversas anomalías que elementos de la FG cometen al momento de investigar y realizar detenciones, que van desde violaciones a los derechos humanos, hasta la fabricación de culpables de delitos, como se ha documentado, dicen los legisladores.

Derivado de esas irregularidades, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla ha emitido diversas recomendaciones para que la FG repare el daño a las víctimas, garantizando su atención médica y psicológica que restablezcan su salud física y emocional, además de solicitar la sanción correspondiente contra los responsables de esos abusos y detenciones arbitrarias, y pedir que se establezcan mecanismos de capacitación para la corporación, enfocados a proteger las garantías individuales y derechos humanos.

Los senadores del PRI alertaron que la violación a los derechos humanos por parte de elementos de la FGE se ha convertido en una constante y recordaron lo acontecido en el caso Chalchihuapan, “en el que se acusó del uso de documentos y testigos falsos, además de indagaciones extemporáneas fuera del marco jurídico”.

Destacaron que incluso, “para el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla, la Fiscalía y su titular son los responsables de la impunidad que prevalece en el caso del deceso del niño José Luis Tlehuatle Tamayo”, ocurrido a raíz de la represión policiaca en el caso Chalchihuapan.

Más aún, dicho comité “considera que la dependencia (la Fiscalía General) se ha consolidado como el instrumento represor del Gobierno del estado, hasta posicionarla como una de las entidades con el mayor número de presos políticos, entre ellos, defensores de derechos humanos, periodistas, activistas y exfuncionarios que han criticado a la administración estatal”, añaden los senadores.

También recordaron que tan sólo durante el gobierno que encabezó Rafael Moreno Valle, la Comisión de Derechos Humanos de Puebla recibió al menos mil 59 quejas por diversos actos violatorios cometidos por la Fiscalía General, lo que derivó en 24 recomendaciones a ese órgano de gobierno.

“Por si esto no fuera suficiente, en los últimos meses también se ha manifestado la operación de una red de corrupción dedicada al desvió de recursos públicos, particularmente en la entrega, suministro y comprobación de los fondos destinados para la compra de combustibles para las unidades oficiales”, dijeron.

Por ello, la bancada del PRI presentó un punto de acuerdo para solicitar que la Cámara alta exhorte a la Fiscalía General del Estado de Puebla a que presente ante el Senado un informe detallado de las acciones, planes y estrategias instrumentadas para dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos estatal, en relación a presuntas irregularidades en el acceso a la justicia, trasgresiones a la seguridad jurídica y el uso de métodos contrarios a la dignidad humana.