La presión legal ejercida por al menos 10 universidades, tres organismos y más de un centenar de ciudadanos logró que se derogara el artículo 118 bis de la Ley de Agua, que daba facultades para fijar las tarifas a las empresas particulares encargadas de prestar el servicio.

Así lo expuso el abogado Lucio Ramírez Luna, quien destacó el triunfo de la sociedad que peleó en los tribunales federales su derecho a no pagar de más por un servicio, ya que la modificación a la legislación ponía en manos de privados las tarifas del cobro del agua.

El abogado promovió amparos ante los juzgados cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno del circuito federal —mismos que le fueron aceptados— luego de que el pasado 12 de septiembre la mayoría de los legisladores locales avalaron la iniciativa presentada por el gobernador para adicionar el artículo 118 bis.

El pasado 5 de septiembre, el Congreso del estado recibió la iniciativa de reforma a la Ley del Agua por parte del gobernador Rafael Moreno Valle, la cual fue analizada, discutida y aprobada en una semana.

La adición establecida en el artículo 118 bis fue derogada en menos de dos meses, ya que de acuerdo con el especialista en derecho se trató de una propuesta inconstitucional, que fue presentada sin un análisis detallado de la situación en los sistemas operadores que justificara la medida.

En entrevista con e-consulta, Ramírez Luna señaló que aunque se pudo frenar lo que calificó como "un negocio del gobernador Rafael Moreno Valle", al intentar privatizar los organismos operadores de Agua, aún quedó la reforma al artículo 31 de la Ley de Agua, que permite convenios entre particulares para el manejo del vital líquido.

Aplaudió la determinación del Congreso local, ya que por la presión jurídica de distintas universidades, representadas por Julián Germán Molina Carrillo, y organismos como el Comité Defensor del Patrimonio Histórico Cultural y Ambiental de Puebla, se logró frenar la privatización del agua.

Además de estos organismos, Abelardo Cuéllar integró alrededor de una centena de amparos en contra de diversos artículos de la Ley de Agua con el argumento de "ser notoria y claramente inconstitucional".

Ramírez Luna destacó que el gobierno estatal no pudo brincar la barrera de la legalidad, demostrada en los tribunales federales.

Al finalizar, explicó que los amparos seguirán su cauce legal, pero al derogarse las modificaciones a la Ley del Agua, ya no existe acto sobre el cual protegerse.