El índice mide sistemas de seguridad, justicia y protección a derechos humanos y la capacidad estructural con la que cuentan las naciones consideradas.

Arriba de México, que obtuvo 69.21 puntos de una escala de 100, están Filipinas, que obtuvo 75.6; India, con 70.94; y Camerún, con 69.39.

Junto con Perú, Venezuela, Brasil, Colombia, Nicaragua, la Federación de Rusia, Paraguay, Honduras y El Salvador, México integra el grupo de países de muy alta impunidad.

En contraste, a 10 naciones se les clasificó como las de muy bajo índice de impunidad, con niveles que van de los 36.01a los 44.56 puntos y que son, en forma ascendente: Croacia, Bulgaria, Eslovenia, Suecia, Noruega,  Montenegro, República Checa, Grecia, Alemania  y Países Bajos.

El lugar que ocupa México es más bajo que el registrado en 2015, cuando ocupó el lugar 58 de 59 países analizados.

Casi nula inversión en seguridad

El IGI destaca  que México tiene una inversión menor al uno por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) en seguridad y justicia, en tanto que países avanzados invierten 4 por ciento.

Esto se refleja en que tenga, en promedio e incluyendo a los federales, 4.2 jueces por cada 100 mil habitantes, en tanto que el promedio en América Latina ronda los 8;  África, 6 y Europa, 23.

Juan Antonio Le Clercq Ortega, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política, de la Udlap, dijo que en casos como el de Puebla la cifra de jueces es aún menor pues no llega a 2. "Tienes pocos (jueces) y los concentras en un mismo lugar. La pregunta es, ¿a quienes estás atendiendo?", cuestionó el académico.

Asimismo se resalta que aunque el país tiene 359 policías por cada 100 mil habitantes, más que la media de países analizados, están mal distribuidos pues se concentran en gran número en la Ciudad de México y en el Estado de México, mientras en otras entidades faltan.

A este problema se suma que con el mismo nuevo sistema penal acusatorio, hasta 40 por ciento del tiempo de los uniformados se dedica a seguir el proceso de los detenidos, para no romper la cadena de custodia.

El IGI también analizó las violaciones a derechos humanos en donde México nuevamente apareció con niveles más altos tanto a nivel continental como global. Analizar estos datos,  explicaron, es complicado por la falta de actualización de información.

La impunidad tiene impacto económico

Ser un país con niveles altos de impunidad tiene impactos económicos, dijo el rector Luis Ernesto Derbez Bautista.

Un ejemplo observable de ello,  dijo,  es el caso del turismo y de efectos que se han visto en polos como Acapulco,  donde hay más turismo pero no de calidad ni que deje ganancias altas.

Algunas soluciones que se podrían pensar tras publicaciones como la del IGI, agregó el rector,  es elevar los sueldos, prestaciones y sanciones a los policías, y dotar de independencia a los sistemas de justicia y fiscalizar inversiones.

[relativa1]

[relativa2]