Al reiterar que  participará en la elección de 2018, Eduardo Rivera Pérez acusó que la Auditoría Superior del Estado (ASE) recurre una vez más a prácticas dilatorias para aplazar la sentencia del juicio de amparo que inició para dejar sin efecto su inhabilitación por 12 años.

Por medio de un comunicado, el panista señala que el  recurso de queja que presentó la ASE en contra del juicio de amparo  943/2017, es la estrategia con la Dirección Jurídica que intentan defenderse  por incumplir con la entrega de los informes solicitados por el Juez Tercero de Distrito en Materia de Juicio de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales.

“Es claro que presenciamos un acto más de  la ASE y de su titular David Villanueva Lomelí, para alargar el proceso de la cuenta pública 2013, con el único objetivo de que la Justicia Federal no se pronuncie con prontitud permitiendo a los poblanos conocer oportunamente la verdad y juzgar la actuación de sus autoridades”, refiere el exalcalde de Puebla.

A consecuencia del recurso de queja que la ASE presentó ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, el Juez Tercero de Distrito ordenó la suspender el juicio de amparo que en marzo emprendió Rivera Pérez.

Además, no se realizará la segunda audiencia que se programó para el 23 de agosto próximo, pero se aclaró que sigue vigente la medida cautelar que se le otorgó al político para que su no nombre no aparezca en el Registro Nacional y Estatal de Servidores Públicos Sancionados.

Sobre la medida cautelar, Rivera Pérez indicó que “podrá participar en el proceso electoral de 2018” ya que ésta continua “firme y vigente”.

Aunque todavía no precisa por qué posición le gustaría contender, en varias ocasiones declaró que no se le puede descartar para la gubernatura.

Incluso, desde mayo, el exmunícipe realiza recorridos por diversas colonias de la capital, y los fines de semana es parte del grupo denominado “Identidad Panista”,  con el cual exdirigentes del partido como Rafael Micalco Méndez y Juan Carlos Mondragón Quintana visitan a militante del albiazul.

La defensa legal que mantiene Rivera Pérez  se originó por el  Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (IPADR) que en diciembre el Congreso del Estado le aprobó en diciembre, y del cual derivó en el dictamen de inhabilitación por 12 años y una multa de 25.5 millones de pesos que en abril validó el pleno legislativo.

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